Amnistía Internacional llama a perseguir responsabilidad penal de Mario Rozas y autoridades civiles de gobierno 

A las 11:00 de este miércoles, la ONG de derechos humanos Amnistía Internacional, publicó su informe final respecto a los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social en Chile.

“Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” es el nombre del texto, donde se detalla la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019, y que consideró 14 solicitudes de transparencia, entrevistas y carpetas investigativas del Poder Judicial, entre otras fuentes de información.

Responsabilidades penales de altos mandos

Uno de los puntos principales que destacan en este informe, es que Amnistía afirma directamente que el Poder Judicial debe perseguir las responsabilidades penales de “al menos el general director, Mario Rozas; el general subdirector, Diego Olate; y el director de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez“, además de «el jefe de Zona Metropolitana (STGO1) o el jefe de Zona de Orden, Control e Intervención (STGO4)«.

Todos, porque «conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligación de hacerlo«, según explicó Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de la ONG.

En esa línea, Amnistía agregó que «si bien el informe no analiza a miembros del Ejecutivo, creemos que la Fiscalía debe deslindar todas las responsabilidad de quienes permitieron la ocurrencia de las violaciones», lo cual incluye a las autoridades civiles, sobre quienes el informe critica que no tienen control efectivo sobre Carabineros.

«Estas situaciones no podrían haberse dado si la administración del Presidente Sebastián Piñera hubiese ejercido un control adecuado sobre la institución», sostuvo Guevara Rosas.

Asimismo, criticó el constante «discurso de apoyo incondicional que lamentablemente seguimos escuchando, a pesar de los repetidos hechos de violencia».

Para justificar estas afirmaciones, el informe alude a que de las más de 4 mil denuncias contra funcionarios policiales registradas en el periodo estudiado, sólo 16 funcionarios fueron retirados de sus puestos, lo cual da cuenta de las nulas intenciones por sancionar las violaciones a los DD.HH.

Además, los altos mandos contaban a diario con información de sus respectivos departamentos sobre el número y tipo de lesiones a las personas. Por esto, la ONG estima que Carabineros tuvo la capacidad para frenar estas violaciones a los DD.HH., lo cual no hizo de forma deliberada.

«Los altos mandos estratégicos, a pesar de tener conocimiento de las violaciones y de tener la capacidad institucional para tomar medidas, omitieron incluso a través de ordenes tacitas el ponerle fin a estas acciones», sostiene el informe sobre dicho punto.

Recomendaciones

El diagnóstico de la ONG finaliza afirmando que estas conductas no son nuevas, y que «se ha magnificado por la masividad, pero históricamente Amnistía ha venido documentando que esta conducta conforma un patrón histórico dentro de Carabineros».

Por ello, a la vez que enfatizaron la necesidad urgente de una reforma a la institución, detallaron al menos dos recomendaciones de corto plazo, que el gobierno podría poner en práctica inmediatamente.

Una de ellas sería «la adopción de un protocolo de acción nuevo, que contenga las recomendaciones de las instituciones expertas en la materia, como por ejemplo la oficina de la Alta Comisionada de los DD.HH. de la ONU». Otra, es «prohibir cualquier munición que sea lesiva, ya sea por su composición como por su precisión».

Y en tercer lugar, «para garantizar la no repetición de hechos de este tipo, se debe garantizar el acceso a la justicia para las víctimas», lo cual incluye, garantizar la autonomía del Poder Judicial, y proveer de todos los recursos que sean necesarios para su tarea.

Hoy, las distintas fiscalías alrededor del país, sostiene el informe, «no están contando con los recursos suficientes para abordar la enorme cantidad de querellas y causas de violaciones a los DD.HH».

Mensaje para el gobierno

En cuanto a las posibles repercusiones que puede tener este informe en el gobierno, la directora para las Américas de la ONG lamentó que el gobierno se haya mostrado hasta ahora más bien reticente a aceptar sus conclusiones.

«Creo que hay un sesgo importante y una serie de afirmaciones que creo que no tienen ningún fundamento. Pero cuando lo conozcamos en su integridad, vamos a dar a conocer nuestra posición«, sostuvo el ministro del Interior, Víctor Pérez, horas antes de que se publicara este informe, cuando apenas se conocían las conclusiones generales del mismo.

Ante ello, desde la ONG expresaron que «le hemos solicitado una reunión especial (al gobierno) para entregarles el informe, pero lamentablemente como siempre la respuesta fue el silencio».

En esa línea, denunciaron -con la misma palabra que eligió el ministro del Interior («sesgo»)- que la postura del gobierno estaría demasiado arrinconada en un sector, lo que les impediría recibir recomendaciones en materias de DD.HH.

«Pareciera que la posición es mas bien sesgada, que cualquier critica en materia de DD.HH. los incomoda», sostuvo Guevara Rosas, lamentado que «no lo toman como la posibilidad de reformar (…) y siguen sin darle importancia al tema más importante, que es el respeto por los DD.HH.».

Finalmente, Guevara Rosas llamó a «recordar que las manifestaciones no surgen de la nada», y señaló que es fundamental atender las necesidades de fondo que originan estas protestas.

El informe completo puedes revisarlo en este link o a continuación: