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Opinión

Pacos y milicos

Por: José Sanfuentes Palma / Publicado: 14.10.2020
Pacos y milicos Infantes de la Armada en playa de Concón / Foto: Leonardo Rubilar / AGENCIA UNO
El presidente Piñera debió ser destituido cuando convocó a la guerra fratricida entre los chilenos, llamado que felizmente abortó cuando un general, en una actitud profesional, señaló que él no estaba en guerra con nadie. Todavía hay sectores políticos a quienes se le quedó detenido el reloj el 89; unos añoran el pinochetismo, otros la rebelión popular.

Sobre el origen histórico o lingüístico de estas palabras habrá expertos que pueden dar buenas explicaciones. La que usaré –intencionadamente– es la interpretación más abyecta: todos los pacos y milicos son bastardos, “ACAB” (que entiendo es una sigla en inglés) apareció pintada en los muros de todo Chile en los tiempos de revuelta. Dejo fuera del análisis a la Policía de Investigaciones que, respondiendo su actuar a decisiones judiciales, en general se ha apegado bajo democracia al profesionalismo. El uso deliberadamente ofensivo de las palabras “paco” y “milico” es para diferenciar a los sujetos de marras de aquellos profesionales que forman Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas.

Me explico. Toda la ciudadanía tiene claridad de que es necesario y valora la existencia de policías profesionales que protejan la convivencia de la delincuencia y apoyen el imperio de la ley, así como de Fuerzas Armadas profesionales que protejan la integridad del territorio nacional, ante la ausencia de un contexto civilizado de convivencia en las fronteras aún existentes. Algo muy distinto es lo que realmente ha sucedido y sucede en Chile, así como en muchos otros lugares.

Cuando un sector de la policía y las Fuerzas Armadas se politizan –peor aun cuando tal facción politizada logra hegemonizar el mando– devienen en ilegítimas. El monopolio del uso de la fuerza sólo es permitido bajo estricto profesionalismo, ajeno a todo uso político, con imperio de la democracia y los derechos humanos y sujetos al mando ciudadano. La trasgresión a estas consideraciones convierte la convivencia política en un campo de batalla, con lo cual cada bando tiene el legítimo derecho a disponer de sus propias capacidades de fuerza. Esto –no más ni menos– es lo que está en juego con la reforma anunciada de Carabineros y la aún pendiente en nuestras Fuerzas Armadas.

Lamentablemente la historia latinoamericana abunda en policías y militares incursionando en la política, sea por la derecha o por la izquierda. Nada distinto es el comportamiento de los “milicos” y “pacos” venezolanos, nicaragüenses, chilenos o brasileños, aunque unos se vistan de “pueblo” y otros de “nación”. Al final, son sujetos que, trasgrediendo sus deberes profesionales, actúan o son usados como sostén de ciertas élites, que incluso los involucran en sus propias tramas sociales y negociados, corrompiéndolos moral y económicamente. No son diferentes los Pinochet, los Chávez, los Ortega o los Villas. Han liderado procesos que han puesto a la gente de armas al servicio de una ideología, con intervención directa en la vida política, desprofesionalizando a las instituciones armadas y convirtiéndolas en fuerzas de choque en defensa de élites privilegiadas. En todos esos países el resultado ha sido la destrucción de la convivencia cívica, el imperio de la violencia y la desnaturalización de la vida democrática, además de la reducción de la política a un espectáculo pirotécnico. Unos dicen que la “República” tiene derecho a defenderse, otros le contestan con el derecho a defensa de la “Revolución”. Ambos necesitan “pacos” y “milicos” para sus propósitos. Ambos hacen gala de total desprecio ante aquellos que “todavía” creen “ingenuamente” que es la soberanía popular la que rige el gobierno de los países.

El presidente Piñera debió ser destituido cuando convocó a la guerra fratricida entre los chilenos, llamado que felizmente abortó cuando un general, en una actitud profesional, señaló que él no estaba en guerra con nadie. Todavía hay sectores políticos a quienes se le quedó detenido el reloj el 89; unos añoran el pinochetismo, otros la rebelión popular. El país debe reaccionar, y la Convención Constitucional es un escenario óptimo para ello. Las fuerzas políticas civilizadas tienen el ineludible deber de arrinconar a los trogloditas guerreristas de la derecha y de la izquierda, legislar para imponer las más duras sanciones a quienes alteren la convivencia democrática –sea amenazando, organizando o ejerciendo la violencia– y, sobre todo, promover resueltamente la cultura del profesionalismo y los derechos humanos en las fuerzas de orden y seguridad nacional para que –ajenas a toda tentación de politización– recuperen la confianza y el prestigio que el país requiere de ellas. No queremos más pacos ni milicos ni primeras líneas de ningún signo: queremos sentir orgullo de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. Tengo la certeza de que la inmensa mayoría ciudadana piensa de este modo, lo mismo acontece al interior de esas instituciones. Qué duda cabe que hay diferencias –y profundas– sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra sociedad, pero no tenemos más alternativa que convivir en la diversidad y el pluralismo, y establecer democráticamente las reglas del juego para dirimir civilizadamente nuestras diferencias.

José Sanfuentes Palma
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