Opción por la paz

Los medios de comunicación oficiales informaron con especial estridencia sobre enfrentamientos y violencia política, especialmente en la llamada Plaza de la Dignidad y las afrentas al general Baquedano, así como en la Región de la Araucanía. Unos reclaman su derecho a ejercerla en virtud de la “violencia estructural” a que estarían sometidos en la sociedad actual y otros presionan por la utilización política de Carabineros e incluso de las FF.AA. y su fuerza represora para establecer el “orden” que estaría sobrepasado.

Algún teórico de siglos pretéritos –situado en niveles de incivilización que se tradujeron en grandes desgracias para la humanidad– señalaba que la guerra no era más que la continuación de la política por otros medios. Esto no ha sido cuestionado por la dirigencia política contemporánea; lo tienen asumido como si fuera una verdad irrefutable y no una mera disquisición de mentes extraviadas. Sumada la constatación a que precisamente quienes profesan esta concepción son quienes dividen al mundo entre buenos y malos, y albergan el pensamiento totalitario resumido en la frase “o ellos o nosotros”, tal vez aquí está la cuestión cardinal que subyace a la violencia que atraviesa la convivencia nacional desde hace ya mucho.

Una gran parte de la derecha chilena comulga con ideas totalitarias y se resigna a la necesidad de la violencia. Expresión de ello es que de su parte no ha habido desde 1973 a la fecha una condena tajante a la dictadura de Pinochet, que trajo –en lo principal– muerte y desolación al país, y que hoy insisten en la politización de policías y militares para tenerles capturados como reserva ante un eventual desborde de la institucionalidad que defienden. Desde la izquierda, una parte también tiene el convencimiento de aquello que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios, y se ilusionan al respecto con su “primera línea” y la construcción de su fuerza propia, así como están imbuidos en el alma con un pensamiento totalitario que tan bien expresan esas narrativas: “o se es yunque o martillo” o “que la tortilla se vuelva”.

La generación de los 60 –derechas e izquierdas– vivimos envueltos en esas coordenadas. Las actuales no están condenadas a repetir el mismo trágico error. Iniciamos estos días como país un camino –el diálogo constituyente– que nos debiera conducir a una radical superación de aquellas concepciones y prácticas, donde se establezca la categórica opción de las mayorías nacionales por la paz y la no violencia, por una política inequívocamente pensada como espacio para dirimir civilizadamente nuestras diferencias.

La política es lo opuesto a la guerra; en la primera se cuentan las cabezas, en la segunda se cortan. Necesitamos erradicar de nuestra cotidianidad, y de nuestro horizonte de posibilidad, la violencia y la guerra. Esta ética es lo esencial de la democracia y las fuerzas políticas y sociales que adhieren son su fortaleza principal. Las policías y las Fuerzas Armadas –que nadie pone en duda que son necesarias para proteger la convivencia de la delincuencia y apoyar el imperio de la ley, así como para proteger la integridad territorial ante la ausencia de un contexto civilizado de convivencia en las fronteras aún existentes– sólo estarán legitimadas en el uso monopólico de la fuerza a condición de su adhesión estricta a la ética democrática, al profesionalismo y, en consecuencia, al respeto pleno de los derechos humanos. La democracia –y la no violencia que le es constitutiva– es la opción que debemos escoger e inscribir a fuego en la Constitución y en nuestros corazones, para que la dignidad se haga costumbre y conquistemos la convivencia pacífica entre personas y pueblos.