Carabineros: Investigan a general Bassaletti por prestar servicios pagados a Chiletabacos

En un oficio que se ingresó el 23 de octubre a Contraloría, la diputada Cristina Girardi pide que la entidad “emita un pronunciamiento, investigación y fiscalización por posibles faltas a la probidad e incumplimiento de la normativa pública y administrativa a raíz de hechos que involucran al Jefe de Zona de Carabineros Santiago Este, General Enrique Bassaletti Riess”.

Lo anterior es parte de un documento citado en un reportaje  publicado este miércoles por Interferencia y que apunta a que el general Bassaletti “estaría prestando servicios a entidades de derecho privado, entre ellas a British American Tobacco Chile, más conocida como Chiletabacos. Empresa que habría generado pagos por sus servicios, existiendo facturas por dichos trabajos”.

La situación implica de manera evidente un conflicto de intereses debido a su alto cargo en la institución y su rol de empleado público, lo que respalda el artículo 56° de la Ley Orgánica Constitucional.

Bassaletti y otros seis generales del alto mando de la institución liderada por Mario Rozas, enfrenta desde septiembre del año en curso un sumario de la Contraloría por sus responsabilidades administrativas en las acciones de represión policial en en contexto de las manifestaciones derivadas del estallido social.

Denuncia apunta a relación de la empresa con alto mando de Carabineros

En relación a estos servicios de carácter privado, la diputada Girardi asegura en el referido documento que, de acuerdo a audios de comunicación interna de Carabineros, hay antecedentes de una irregularidad cuando desde un vehículo de Carabineros dicen estar realizando gestiones de “de escolta del camión GFKG22, el cual tras una consulta a la plataforma digital de Registro de Vehículos del Servicio de Registro Civil, se constata por su certificado de inscripción que es un vehículo perteneciente a BAT CHILE SA, Rut N° 88.502.900-0, que sería la misma British American Tobacco Chile Operaciones S.A, Chiletabacos”.

La denuncia asegura además que entre la empresa privada y miembros del alto mando de Carabineros  “existe una relación amparada en la mala praxis de tráfico de influencias, esto porque la seguridad de la mercadería y trabajadores de dicha entidad comercial depende única y exclusivamente de la parte empleadora o prestadora de servicios, no así de Carabineros de Chile, que por lo cierto y para ejecutar de manera eficiente estas labores aparentemente irregulares, se dejaría de lado un sinnúmero de obligaciones y roles que la referida Institución debe cumplir constitucionalmente”.

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Paralelamente, el reportaje asegura que diputada no consignó en su escrito que la Ley Orgánica Institucional en la cual se le otorga a Carabineros la labor de supervisión y fiscalización de las empresas de seguridad privada del país, transforma esta irregularidad de la que se acusa a Bassaletti en una eventual mala praxis de parte de otros miembros del alto mando, incluido su propio director general, Mario Rozas.

Lo anterior porque la supervisión y fiscalización de estas empresas de seguridad privada es labor del general Raúl Aburto, un oficial de menor antigüedad que Bassaletti, compañero de promoción de Rozas  nombrado en ese rango y ese cargo por el mismo director general de la entidad uniformada.

Al hermano de Bassaletti también se le acusa de irregularidades

El artículo citado agrega que por acción u omisión, Rozas y Aburto deberán argumentar a Contraloría por qué no informaron de esta irregularidad de Bassaletti, una conducta que no es reciente y no sólo refiere a su presunto contrato directo con la tabacalera, sino también a hechos que involucran a su hermano Miguel Bassaletti, a cargo de la Gerencia de Operaciones y servicios de Metro S.A, desde donde principalmente se encarga de la seguridad de las estaciones de la red del tren subterráneo y quien tiene a su cargo a una empresa privada de seguridad que él mismo contrató para este propósito.}

Al respecto. la Ley de Transparencia establece que oficiales en servicio de Carabineros no pueden tener, ellos ni sus familiares directos, relación con rubros directamente relacionados con su trabajo en la institución. Y al ser personal de Carabineros el que fiscaliza a estas empresas, se evidencia un conflicto de intereses, además de una falta a la probidad del general Bassaletti y su hermano Enrique.

De acuerdo a lo que ilustra una fuente del rubro de la seguridad privada citada por el medio que publica esta denuncia la industria maneja más de US$ 1.000 millones al año, lo que da luces de que se trata de un nicho laboral significativo para ex uniformados, quienes en situaciones normales sortean muchas trabas y controles para obtener un permiso de la institución y operar de manera legal.