La «ciudad neoliberal»: Cómo se configuró la abismante exclusión territorial que devela el plebiscito

Puente Alto fue una de las comunas donde más aumentó la participación en el plebiscito, una de las más pobladas de la Región Metropolitana y, a la vez, de las más golpeadas durante estos meses por la pandemia. Los problemas de habitabilidad ahí se viven a diario: en muchas zonas no hay acceso a servicios básicos, como farmacias o cesfam. Como otras, es reconocida como una “comuna-dormitorio” por las horas de traslado de las y los trabajadores desde y hacia sus fuentes laborales. Se trata de un problema de fondo que el plebiscito, una vez más, vino a confirmar: la segregación socio-espacial y la concentración de vulnerabilidades.

Del mapa con los resultados del plebiscito se apreció claramente que tres comunas, las más ricas de la RM, rechazaron cambiar la actual normativa que regula los derechos fundamentales de la ciudadanía y que, a la vez, ha dado amplio margen para la acción de los privados en gestionar derechos esenciales, como salud y educación. Se trata de un territorio donde también se alza una suerte de “frontera” socio-económica, cultural y territorial que devela nuevamente la abismante segregación.

Genaro Cuadros, arquitecto y director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, lo define como un “pequeño enclave” de Santiago, muy desarrollado, que explica la desconexión con la mayoría del país. “No conocen cómo viven los demás, sus condiciones sociales y materiales de convivencia. El nivel de aislamiento explica la ceguera de algunos y la rabia de otros”, sostiene el académico. En contraste, aparece un territorio altamente poblado, con deficiencias extremas de habitabilidad, servicios deficitarios, con salarios que en promedio no superan los $400 mil pesos. “Lo peor es que se van sumando, porque se asocia a problemas de escolaridad, salud, pensiones, habitabilidad”, enumera Cuadros también describiendo algunas características de lo que se conoce como la «ciudad neoliberal».

El plebiscito dejó demostrado que el descontento se expresa territorialmente. Así lo reconoce Andrea Sato, licenciada en Historia e investigadora de la Fundación Sol, quien reitera que han sido las mismas personas que han mantenido las movilizaciones en la calle, las que acudieron a las urnas aumentando la participación. «En las altas tasas de aprobación están las personas fuertemente impactadas por este modelo económico y social», acota.

Elaboración El Desconcierto, Michel Contreras.

¿Cómo llegamos a esto?

Para explicar el fenómeno, Miguel Lawner, arquitecto y ex director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante el gobierno de la Unidad Popular, plantea un principio fundamental: “Los arquitectos y planificadores formados en los principios de la Carta de Atenas, suscrita en los años 30′ por los congresos internacionales de arquitectura moderna, dicen ‘no a una ciudad que funcione mejor, sino que una ciudad que funcione para todos y reparta equitativamente las mejoras entre todos sus ciudadanos’”.

Este espíritu de la “ciudad moderna” se fue construyendo desde las leyes de habitaciones obreras, durante la primera mitad del siglo XX, hasta la dictadura. En el proceso de migración-campo ciudad, a mediados de los años 50′, se generaron focos de poblaciones insalubres, conocidas como las ‘poblaciones callampas’, y se comenzó a formar la periferia. Sin embargo, Lawner explica que, de todas maneras, esos sectores estaban situados en lugares próximos a los principales centros industriales de ese tiempo, por ejemplo, en el barrio sur de Santiago. Y la distinción es que posteriormente, en dictadura, la política de segregación fue planificada.

En 1979, se inició un gigantesco proceso de erradicación, se ‘limpiaron los barrios altos’, porque en Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Peñalolén y parte de Providencia coexistían algunos campamentos y barrios populares. “Fueron 179 mil personas erradicadas, la mayoría enviadas a La Pintana, Renca y Quilicura. Disgregando la cohesión social, o sea, ningún grupo que estaba instalado en un sector fue en su totalidad trasladado a otro sector”, explica Lawner. “Generaron la división social, una acción vergonzosa e inaceptable”, expresa.

Luego se cambió totalmente el sistema de proporcionar viviendas sociales transfiriéndole amplias atribuciones a la iniciativa privada. Hasta ahí, el Estado adquiría terrenos para las viviendas sociales, luego los privados tomaron ese rol. “Nunca en la historia de las primeras leyes de habitaciones dejó el Estado de comprar terrenos que se entregaban conforme a la demanda”, dice el arquitecto. Este modelo se profundizó durante la Concertación cuando, por ejemplo, se intensificó la densidad poblacional en Bajos de Mena, en Puente Alto, con construcciones de mínimas condiciones, terrenos de suelo con valores despreciables, de mala calidad y sin espacios destinados al esparcimiento, equipamientos educacionales y de salud. “Son conjuntos habitacionales con densidades inconcebibles”, asegura Lawner.

Así, la vivienda social por décadas se fue construyendo en la periferia, marginando a los pobres a los confines de la ciudad con bajísima calidad de vida.

El negocio del suelo

En esa época también se aplicó la política nacional de desarrollo urbano, en 1979, una regulación para establecer los principios para la administración del territorio. A través de ella se deroga el  límite urbano, considerando que el suelo no es un recurso escaso y que sería el mercado el que lo regulara. Esto determina el crecimiento desmedido de la ciudad a partir de la construcción de proyectos de vivienda social de manera fragmentada, concentrada y sin planificación por parte de los privados.

Esto último es un aspecto que contraviene Mónica Bustos, académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile: «Desde la Revolución Industrial el suelo comienza a ser un recurso escaso. Todos los arquitectos empiezan a pensar donde diseñar la vivienda masiva porque precisamente es escaso», dice.

Así, se crea una gran zona para la urbanización, donde no interesa la calidad sino que crear la mayor cantidad de viviendas, se crean criterios para adjudicar proyectos, y comienza la urbanización sin planificación. Fue aquí cuando se le dan amplias atribuciones a la industria inmobiliaria que comienza a construir minimizando costos y expandiéndose como uno de los negocios más rentables del último tiempo.

Genaro Cuadros, enfatiza que el mercado financiero del suelo es el más importante del planeta y que el Estado no tenga ninguna atribución o herramienta poderosa para guiar y demarcar el desarrollo de ese mercado «es quizás el factor más importante para explicar en lo que estamos».

Terminar con la exclusión

Actualmente, tampoco existen mecanismos para que los ciudadanos tengan un rol activo en el diseño y proyección de la ciudad. Ha sido la industria inmobiliaria la que define la ciudad donde vivimos.

La desigualdad, que tiene varios niveles, se territorializa en la ciudad y, por ende, en la vivienda. «Queda en evidencia que en estas tres comunas [donde ganó el Rechazo] es donde viven las personas ‘que administran el país'», expresa Mónica a la luz de los resultados.

Considera que analizar la ciudad en este modelo neoliberal es interesante porque su lectura es que la vivienda se ha convertido en un «seguro de vida de las personas». «Es lo único que tengo respaldo frente a la cesantía, una enfermedad, pagar la educación de mis hijos, para endeudarse, lo único para dejar a mis hijos, es muy fundamental», aclara. Desde ahí plantea que el cambio que se debe hacer en políticas públicas, área en la que se ha especializado después de su paso por el Ministerio de Vivienda, es comenzar a hablar de un hábitat integral.

«Que no se hable de la vivienda como objeto, sino que salgas a la calle y no tengas percepción de inseguridad, que puedas llevar a tu hijo a un jardín muy cerca de tu casa, que tengas atención de salud primaria cerca de tu vivienda. Hay que empezar a ver la vivienda como un bien público. También hay que pensar en viviendas para las distintos tipos de familias y la política pública debe responder a eso», plantea la arquitecta.

Y también como lo ha expresado el arquitecto Francisco Vergara, doctor en planificación para el desarrollo del Bartlett Development Planning Unit de la Universidad de Londres, es necesario que en la Constitución se establezca el derecho a la vivienda como un derecho humano, como elemento básico para la subsistencia. Como lo mencionó en un artículo que puedes revisar abajo, en la Constitución que la ciudadanía decidió cambiar, solo se establece el derecho a la propiedad privada. «Si no eres propietario, tu derecho a la vivienda no está asegurado, lo que es aberrante”, concluye Vergara.

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