El feroz paso de las FF.AA. en el estallido social

No cabe duda´de que, a partir del 18 de octubre de 2019, Chile comenzó a vivir uno de los episodios más trágicos y a la vez más transformadores de las últimas décadas. Por una parte, fueron días que nos colmaron de esperanza, pero también días muy duros y dolorosos, sobre todo para quienes se sumaron a la triste lista de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Estos ataques no sólo fueron ocasionados por Carabineros, también fueron perpetrados por funcionarios de las Fuerzas Armadas que salieron a las calles a gestionar el orden público tras la decisión del presidente Piñera de decretar Estado de Emergencia. Esta estrategia, lejos de calmar los ánimos, avivó las protestas.

Fue así como de un día para otro –y pese a que las Fuerzas Armadas no tienen como rol el control público de manifestaciones y, por lo tanto, tampoco protocolos para cumplir esta labor– nos encontramos en las calles con su presencia intimidante que trajo consecuencias nefastas. Según Amnistía Internacional, existen antecedentes de que utilizaron munición letal en varias oportunidades, dispararon contra personas que se manifestaban e hirieron de gravedad. Indudablemente lo más duro fue conocer las muertes que dejó su feroz paso por la reciente historia del país.

Romario Veloz tenía 26 años y una hija de 3. Era ecuatoriano, pero vivía en Chile desde pequeño. La información sobre su nacionalidad no es trivial cuando se escucha a su madre, Mery Cortez, quien relata entre tristeza y rabia: “A mi hijo lo mataron porque era el único negro que estaba en ese momento, para su asesino fue un blanco fácil».

El domingo 20 de octubre de 2019 se realizó una marcha en La Serena a la que Romario se sumó. Su madre le dijo: “No vayas, esa guerra no es tuya. Esa guerra es de los chilenos”. Pero él le respondió que iría “porque quería luchar por los derechos de su hija”. Ya desde la marcha le envió un video a su mamá enseñándole que todo estaba tranquilo. Sin embargo, esto cambió tras pasar cerca de un centro comercial que había sido saqueado momentos antes y con fuerte presencia militar. Fue en este momento cuando Romario cayó al suelo por un balazo que habría sido disparado por personal del Ejército, esto incluso cuando el toque de queda aún no partía. De inmediato, diversos videos circularon en redes sociales mostrando lo sucedido. Uno de ellos llegó a las manos de Mery, quien con profundo dolor reconoció las zapatillas rojas de su hijo en el cuerpo del hombre que yacía en el suelo.

En esta marcha también resultaron gravemente heridos César Véliz y Rolando Robledo. De ellos poco se habla. César tenía 36 años, un hijo de 10 y trabajaba de manera informal cuando sufrió el ataque, situación de vulnerabilidad que claramente ha empeorado por las secuelas que quedaron en su estado de salud. Esa tarde del 20 de octubre del año pasado, mientras marchaba, vio caer a un hombre herido y él se acercó para ver qué pasaba. César relata que mantuvo las manos en alto mientras miraba a los militares que disparaban. En segundos recibió una bala que entró por su rodilla y quedó alojada, hasta hoy, en su muslo cerca de la aorta. Ningún militar lo auxilió. Estuvo hospitalizado casi un mes, luego en silla de ruedas y ahora con muletas.

La persona a quien César Véliz vio en el suelo, y quiso ayudar antes de ser impactado por la bala, fue Rolando Robledo. Este hombre tenía 41 años y vivía en condiciones muy precarias. Producto del disparo sufrió graves heridas en su abdomen, provocándole la pérdida del bazo, partes del intestino y otros órganos vitales; situación que lo tuvo varios días en coma y postrado cerca de tres meses. Hoy, por las graves secuelas que le acompañan, no es autovalente y depende del cuidado de su familia incluso para sus necesidades más básicas.

Al cumplirse un año del ataque que sufrieron estas personas, las familias siguen esperando que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Adriana Rojas, abogada que lleva los tres casos mencionados, acusa falta de colaboración del Ejército en el proceso, lo que se suma a que todavía esta entidad no ha iniciado un sumario administrativo. Por otra parte, y tras tanta espera, se había fijado la audiencia de formalización de un capitán del Ejército por los delitos de violencia innecesaria, lesiones graves y homicidio para este 28 de octubre, pero lamentablemente se pospuso hasta un mes más porque la defensa pidió más tiempo para estudiar el expediente. Cabe mencionar que el uniformado ha seguido activo en la institución.

Cerca de La Serena, en la ciudad de Coquimbo, el lunes 21 de octubre de 2019 otro joven de 24 años también murió por un impacto de balines disparados a quemarropa y a muy corta distancia. Kevin Gómez era padre de una niña de 2 años y trabajaba como operador de maquinaria. Aquella noche de toque de queda, cuando la ciudad estaba agitada y había saqueos, recibió un disparo desde una patrulla militar. De acuerdo a declaraciones de testigos y videos caseros, el militar disparó a Kevin por la espalda, sin aviso y a corta distancia a pesar de que el joven se encontraba desarmado.

«De cierta manera yo estaba de acuerdo con que los militares salieran a las calles porque la policía estaba siendo sobrepasada, pero sólo era para poner orden. Orden no significa matar a la gente. ¿Por qué no lo detuvieron simplemente?», relata Víctor, hermano de Kevin.

El fiscal a cargo indicó que el funcionario disparó su arma fuera de la reglamentación legal, por lo que fue imputado en noviembre de 2019, pasando a cumplir prisión preventiva en el regimiento de La Serena. A un año de este hecho y, pese a que el militar está confeso, aún la investigación no concluye. Recientemente la defensa ha vuelto a pedir extensión del plazo para investigar, pero la familia solicitó que se proceda al cierre. Cuesta entender entonces por qué la justicia no llega en el nombre de Kevin, cuando pareciera ser que hay antecedentes suficientes sobre la mesa, al menos, para iniciar un juicio.

En Talcahuano, Manuel Rebolledo, de 23 años, junto a su hermano miraban de cerca una manifestación que había en el lugar aquella tarde del 21 de octubre. Ya había partido el toque de queda, así que personal de las Fuerzas Armadas llegó al sitio. Al instante, la gente salió corriendo y se dispersó hacia diferentes direcciones. Fue en ese momento cuando un camión de Infantería de Marina salió de la calzada, subió hasta la vereda y atropelló a Manuel pasando por completo sobre su cuerpo, lo que significó la muerte.

El principal inculpado sería un cabo primero de la Armada, quien fue formalizado por cuasi delito de homicidio pues curiosamente el hecho fue tratado como un accidente de tránsito. Tal como el mismo ministro de Defensa de ese momento, Alberto Espina, lo definió. El infante de marina no quedó detenido y continúa en sus funciones. Tanto la familia de Manuel como el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron una querella por homicidio. El abogado de la familia, Marcelo Villena, considera que “la conducta sería dolosa porque, según las imágenes que existen, en ningún momento se intentó evitar arrollar a la víctima”.

La familia de Manuel Rebolledo, que era padre de una pequeña de un año, acusa retrasos excesivos en la investigación. De hecho, la reconstitución de escena se pospuso en varias ocasiones y tan solo se realizó a casi a un año de su muerte.

Los días en que funcionarios de las Fuerzas Armadas circularon por las calles del país lo hicieron con vehículos y armamento de guerra cuya finalidad es producir daño. Con esto, y el actuar excesivo e injustificado de Carabineros, el “Nunca más” que tanto ha exigido la ciudadanía se pisoteó con desprecio. Romario Veloz, César Véliz, Rolando Robledo, Kevin Gómez y Manuel Rebolledo y sus familias conocieron del horror que esto significó. Hoy no queda más que pedir lo justo. Por las víctimas y por la sociedad entera, es urgente que se investiguen y sancionen con premura e imparcialidad a quienes apretaron el gatillo como también a quienes permitieron o no evitaron que esto ocurriera. 

[Publicado en Newsweek, adaptado por su autora para EL DESCONCIERTO]