Una Constitución para el pueblo, con el pueblo

El miércoles 14 de octubre de este año, la Cámara de Diputados despachó al Senado, el proyecto –impulsado por un grupo transversal de legisladores y apoyado por el gobierno– que busca flexibilizar los requisitos que tienen los independientes para postular a la eventual Convención Constitucional. Se aprobó disminuir de un 0,4% a un 0,2% de lxs electores que votaron en la elección parlamentaria anterior el número de patrocinios que requerirán quienes no militen en un partido político para inscribir sus candidaturas. Asimismo, el texto, que ahora debe ser revisado en su segundo trámite por el Senado, rebaja de un 1,5% a un 0,5% el total de firmas exigibles cuando se trate de una lista de independientes. Y, a su vez, permite al Servicio Electoral validar patrocinios con firma electrónica a través de la Clave Única que otorga el Registro Civil.

Pero lo que no se concedió, pues fue rechazado por la Cámara, fue una indicación que buscaba que los independientes pudieran hacer pactos con partidos. En la práctica, esto disminuye que lxs independientes puedan ser efectivamente electos y electas.

En otro escenario, el 18 de octubre de 2020, al igual que el del año anterior, vimos a miles de personas en las calles pidiendo dignidad. Pidiendo ser parte de algo que ya les pertenece, pero les fue arrebatado. ¿Entonces cómo construimos una Constitución para el pueblo sin el pueblo? ¿Cómo sostenemos una democracia sin participación ciudadana? ¿De dónde debiera venir el control del ejercicio del poder público? ¿No es acaso este control ciudadano, otro derecho más que se les ha arrebatado a los pueblos de Chile? La democracia y su carácter de representativo cambió como la entendíamos antes de la revuelta popular. Ya no podemos concebir que las autoridades se desvinculen de las personas y los territorios a los que representan. Los integrantes de la Convención Constitucional deben construir instancias de participación ciudadana, y que estas constituyan un precedente de cómo se ejerce el control sobre el ejercicio del poder público de forma sostenida en el tiempo, mediante un trabajo territorial con cabildos en relación a las propuestas programáticas de las y los constituyentes. También debieran estar sujetos a una rendición de cuentas.

La sensación que nos deja lo sucedido es que lxs independientes, una vez más, quedan en desigualdad de condiciones en relación a los partidos. Esa frase suena como un eco en la memoria colectiva. Un eco que data con fecha 1 de febrero de 2020, cuando las organizaciones de la sociedad civil y les independientes exigieron ante el TRICEL participación en el proceso constituyente en igualdad de condiciones frente a los partidos políticos. En aquella oportunidad la batalla fue la inclusión de las organizaciones sociales en la franja del plebiscito del pasado 25 de octubre.

Si bien hoy la lucha cambia de nombre, el sustento sigue siendo el mismo desde tiempos inmemoriales: una desigualdad enorme para les actores políticos: los partidos y la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil e independientes, como actores claves en fomentar la participación de la ciudadanía en los espacios de toma de decisiones, fomentando al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, han impulsado el proceso constituyente desde sus inicios. Hoy es el tiempo de que este proceso equilibre la balanza, permitiendo que lxs independientes puedan participar como candidatxs a la Convención Constitucional, en las mismas condiciones que los partidos políticos. Sólo así tendremos un órgano constituyente que refleje el pensar de mayorías.