Estallido Social | Agencia Uno
Entre el movimiento social que arrancó en octubre del año 2019 y la abrupta llegada de la pandemia al país, la Defensoría Penal Pública se ha visto demandada a niveles extraordinarios con requerimientos que no se encuentran en su ámbito de acción profesional cotidiano, como lo evidenció la entidad en el contexto de su última cuenta pública, a cargo de Alejandra Lobos.
En el marco de la cuenta pública del año 2019-2020 de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, efectuada este jueves, Alejandra Lobos entregó importantes antecedentes respecto del trabajo desarrollado en este intenso período que coincide con el estallido social que ha enfrentado el país durante todos estos meses.
Este contexto, comentó en la ocasión la defensora regional, demandó una labor extraordinario de parte de esta entidad. «El 18 de octubre de 2019 quedará en nuestra historia, el ‘estallido o despertar social’ marcó el inicio de un proceso de transformaciones a partir de las demandas ciudadanas», comenzó diciendo Lobos para enmarcar el trabajo de la institución que lidera en los excepcionales tiempos como los que ha enfrentado Chile desde octubre del año 2019.
De un día para otro el sistema de justicia se vio enfrentado a un escenario complejo e impensado, pormenorizó la defensora al tiempo que detalló que la misma noche del viernes 18 de octubre, las y los defensores penales públicos, se hicieron presentes con turnos de defensa en distintas comisarías de su jurisdicción.
Tanta fue la demanda que tuvieron a causa del movimiento que entonces recién comenzaba, que en lo sucesivo se vieron involucrados en jornadas maratónicas de audiencias realizadas en el Centro de justicia.
De esta manera, una de las más complejas fue la del 21 de octubre, día en que se desarrollaron 620 audiencias de controles de detención en los distintos tribunales de jurisdicción de la Defensoría.
En este sentido, Lobos apuntó a que la labor de todas las defensorías del país se abocó a la implementación de diversas medidas orientadas al reforzamiento en la difusión de derechos, a la coordinación con el resto de los actores del sistema y a la apertura de canales de colaboración con las policías.
Cuando el estallido social no evidenciaba señales de remisión, la Defensoría Penal Pública se vio demandada por los nuevos y crecientes desafíos a partir de la llegada de la pandemia del coronavirus al país.
En consecuencia, el trabajo desarrollado llevó al organismo a impulsar operativos jurídico-sanitarios con presencia en recintos de su área de responsabilidad como Santiago I, Santiago Sur, Colina II y San Miguel.
El trabajo se efectuó conjuntamente con la autoridad sanitaria y la seremi de Justicia, lo que se tradujo en un contacto directo con internos a fin de verificar las condiciones en las que se encontraban.
Paralelamente, se impulsaron «acciones de defensa simultáneas, coordinadas y conjuntas con todos los defensores públicos del país, tendiente a revisar la prisión preventiva en el contexto de la crisis sanitaria, inicialmente de las personas que se encontraban en grupo de riesgo, para luego seguir con el resto de la población penal».
De este modo, en los primeros meses de la pandemia la Defensoría hizo 700 solicitudes de revisión de prisión preventiva e internación provisoria. El resultado de esta gestión fue la libertad de 192 personas en prisión preventiva, mientras que 43 adolescentes quedaron en internación provisoria.
Todo este trabajo, destacó Lobos, se efectuó «con el objetivo de beneficiar el éxito de las medidas sanitarias de prevención del COVID-19 dentro de las cárceles y resguardar la salud de nuestros privados de libertad».
Al respecto, la autoridad transparentó que «la reducción de personas en cárceles no ha significado alzas masivas de la delincuencia».
Desde lo penal, la pandemia ha generado un explosivo aumento de detenciones y formalizaciones de personas por delitos contra la salud pública, contemplados en el artículo 318 del Código Penal, normativa que de acuerdo a lo establecido en el propio portal de la Defensoría Penal Pública, es clara al respecto.
«Apunta a quienes ponen en riesgo la salud pública por infracciones a reglas sanitarias e higiénicas comunicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, por lo que es necesario comentar si constituye una ley penal en blanco, por cuanto se trata de reglas sanitarias», se lee textualmente en palabras de la jefa de estudios de la Defensoría Regional de Coquimbo, Yasna Rojas.
De acuerdo a lo que destaca la defensora, el Ministerio Público, ya registra más de 283 mil imputados por ilícitos sanitarios a nivel nacional, correspondiendo la mayoría de ellos a gran parte habitantes de la región Metropolitana.
Concretamente, el 2019 sólo se registró un delito por transgresión del artículo señalado, mientras que durante el primer semestre del 2020, esta cifra ya registraba 8.686 ingresos.
