“Ha sido ilegal”: Fundación Datos Protegidos apunta al riesgo que involucra la solicitud de RUT de Briones

La polémica petición de datos personales de los afiliados que hicieron el primer retiro del 10% de las AFP, y que ya se encuentra en manos del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó la atención no sólo a nivel ciudadano, sino también alertó a algunas entidades, como es el caso de la Fundación Datos Protegidos.

La organización sin fines de lucro creada en 2015 con el objeto de promover la protección de los datos personales y la privacidad, expuso los alcances de esta situación y sus preocupaciones debido a las consecuencias que podría implicar en futuras ayudas del Estado.

Esto, porque según afirman ellos “lamentablemente, la Superintendencia de Pensiones acogió este requerimiento, haciendo entrega de toda la información solicitada al Ministerio de Hacienda, lo que consideramos ha sido ilegal”.

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“El mencionado oficio, esgrime que la finalidad de esta solicitud era “caracterizar” a potenciales beneficiarias y beneficiarios de una eventual aprobación del proyecto de ley y para evaluar las implicancias que tendría tanto para el mercado financiero como para el sistema de pensiones”, argumentan.

No se necesita pedir el RUT

La Fundación Datos Protegidos advierte que si el objetivo del Ministerio de Hacienda era sólo estadístico, “no se requiere información relativa a la identidad de cada una de las personas que reciben este beneficio, ni mucho menos de esta información asociada al monto que le correspondería a cada una de ellas”.

Para ello, afirman que “la misma Ley 19.628 define datos estadísticos como aquellos que “en su origen o como consecuencia de su tratamiento no pueden ser asociados a un titular identificado o identificable”.

La organización explica que el ministro Briones, al tener el RUT de cada persona, sabiendo específicamente su nombre y cuánto dinero solicitó en su retiro del 10%, dispondrá de un amplio abanico de alternativas de acciones a tomar.

“Los cruces de información que el mismo titular de Hacienda manifestó que se realizarán, da cuenta de que no se trata de tratamiento de datos personales únicamente, sino que también podría recaer en datos sensibles de las personas, así por ejemplo permitiría obtener información socioeconómica de los titulares de los datos”, advierten desde esta entidad.

Las críticas a la petición del ministro no se habrían multiplicado, si su solicitud hubiera sido con anonimato de los datos, pues así de todos modos habría podido cumplir con su función de determinar los alcances en el mercado que tendría la eventual aprobación de un segundo retiro del 10% de las AFP.

[HILO] Hemos estado observando lo ocurrido con la solicitud de datos realizada por el Ministro @ignaciobriones_ y la aceptación de esto por parte de la #SuperintendenciaDePensiones . Al respecto, nos preguntamos: ¿Interés por datos estadísticos o perfilamiento? ABRIMOS HILO ⬇️

— Fundación Datos Protegidos (@datosprotegidos) November 6, 2020

Petición viola la Ley

Otro de los puntos mencionados por la fundación, es que la solicitud de datos con RUT que hizo Ignacio Briones, contraviene las leyes, en específico, el Decreto con Fuerza de Ley 7912 que Organiza las Secretarías de Estado.

“Establece las facultades de Hacienda no permitiría el tratamiento de los datos personales de los beneficiarios. De este modo, dentro de las facultades mencionadas en su artículo 6, se alude principalmente a la dirección de la política financiera, la contabilidad nacional, leyes monetarias, custodia de bienes fiscales y recaudación, entre otras, pero insistimos en que ninguna hace alusión a individualizar a las personas objeto de beneficios, ya que ello corresponde a otros órganos e instituciones del Estado, como justamente le compete a la Superintendencia de Pensiones”, explican desde Datos Protegidos.

Es por eso que son enfáticos en asegurar que “nos parece grave que el Ministerio de Hacienda quiera ‘caracterizar’ a los potenciales beneficiarios, pues excede los fines estadísticos necesarios para apoyar las políticas públicas que podría desarrollar el ministro conforme a sus facultades”.

“El actuar del titular del Ministerio de Hacienda así como de la Superintendencia de Pensiones, parecieran no tomar en cuenta la normativa vigente relativa a la protección de datos personales y a las esferas de sus competencias”, agrega la organización.

El peligro de esto, siguiendo la línea de la explicación de la fundación, recae en que el perfilamiento de beneficiarios de ayudas estatales, en el peor de los casos, derivaría en tratos discriminatorios en futuros planes de ayuda en medio de la pandemia, recordando que para el 2021 es muy probable que se repita el escenario vivido este año, tanto sanitaria como económicamente.

Finalmente, Datos Protegidos asegura que “la solicitud del Ministerio de Hacienda se realiza pocos días después de uno de los hechos más graves en ciberseguridad que ha vivido nuestro país, y que continúa preocupando a la ciudadanía porque en la actualidad, tanto en materias de seguridad de la información de los ciudadanos como en aspectos de protección de datos en Chile, el gobierno se encuentra al debe, no existiendo un marco normativo e institucional que garantice nuestra privacidad y protección de datos”.