La lucha del activismo que quedó desprotegida tras no firmar Escazú

Cerraduras de los autos rotas con notas que, a pesar de no ser explícitas, dejan una evidente amenaza de muerte, correos electrónicos y llamadas intervenidas y mensajes de texto con advertencias, son parte de la vida cotidiana de Rafael Sotomayor (34), un activista que creó Biósfera Mía, una ONG que hace varios años lucha por el medio ambiente.

Sotomayor asegura que las presiones empresariales por en contra del activismo son constantes a nivel local y latinoamericano. Y que, pese a que Chile no es el país más riesgoso, las amenazas son cosa de todos los días.

“Nosotros hemos normalizado el tema, porque cuando vamos a las autoridades usualmente nuestros alegatos quedan ahí, se cierran los casos y seguimos recibiendo amenazas”, denuncia Rafael.

Y no es el único que vive esta realidad. De acuerdo a organizaciones medio ambientales, las presiones empresariales son constantes. Incluso, el ex ministro del Medio Ambiente aseguró en una entrevista radial para ADN que efectivamente hubo una clara influencia del sector empresarial ante la decisión final del Gobierno para no firmar el tratado de Escazú, el cual busca una mayor protección y regulación de las políticas medioambientales, entre otras cosas.

Este 2020, la ONG Global Witness develó a través de un informe que en 2019 hubo 212 defensores de la tierra y el medio ambiente que fueron asesinados, de los cuales 67% fueron en América Latina. En Chile, uno de los casos más emblemáticos ha sido el de Macarena Valdés, quien lideraba la lucha en contra de la instalación de una hidroeléctrica en el río Tranguil del Sur de Chile, por lo cual recibía constantes amenazas.

A Valdés la encontraron muerta en su casa en 2016 y las autoridades aseguraron que se trataba de un suicidio. Sin embargo, ni la opinión pública ni su familia quisieron quedarse con esta respuesta, por lo que sus cercanos solicitaron una nueva autopsia con un médico forense privado, en la cual se estableció que era imposible que Macarena se haya quitado la vida. Sin embargo, este caso aún no tiene responsables.

Decisiones del Gobierno

El tratado de Escazú también es importante para los defensores del medio ambiente, pues entre sus principios está el resguardo de los derechos humanos de los activistas frente a agresiones e intimidaciones, lo que les entrega una mayor protección por parte del Estado. Sin embargo, el Gobierno argumentó que dicho tratado está redactado de una manera ambigua, condicionando así la legislación que existe actualmente y que además expone al país a demandas en tribunales internacionales, de la misma forma que el TPP11 y el TLC, acuerdos de libre comercio que ya firmó el país.

La oposición ha criticado duramente esta acción. El senador por Santiago, Guido Girardi, del Partido por la Democracia (PPD), asegura que “este es un Gobierno que no tiene ninguna convicción medio ambiental y además engaña al país, porque si no tiene ningún interés en avanzar en estas materias, que lo haga saber. Este ha sido de los peores Gobiernos en materia medio ambiental desde el año 90”.

A pesar de que el presidente Sebastián Piñera asegura que ya hay una legislación sumamente buena en el país para los temas medio ambientales (Ley 19.300), las organizaciones no están conformes y creen firmemente que si esto fuera así, no habría ningún problema para firmar el tratado, ya que este solamente busca una mayor transparencia, planificación gubernamental en pro del planeta y una protección a los defensores que luchan por el cambio climático, en términos generales.

La vocera de Greenpeace en Chile, Estefanía González (31), asegura que detrás de esta decisión hay presiones empresariales, ya que el primer Gobierno del actual Presidente fue el que decidió participar e impulsar este acuerdo. “El sector privado no quiere que esto se firme y así lo ha demostrado el actuar del Ejecutivo, ya que las razones que dieron para no hacerlo están completamente desmentidas por especialistas. Al sector empresarial chileno le gusta hacer negocios y ganar dinero a costa de la destrucción del medio ambiente”, asegura Estefanía.

Los activistas dicen

La coordinadora territorial de la fundación Escazú Ahora Chile tiene tan solo 18 años, vive en Tarapacá, su nombre es Maite Iribarren y se declara una activista socioambiental y feminista. Desde sus redes sociales se ha dedicado a difundir información y hacer un llamado de atención al Estado por no firmar el acuerdo. Asegura que actualmente hay una desprotección gigantesca para los activistas y las leyes medioambientales. Hasta hoy cuenta con la suerte de no haber recibido amenazas por el trabajo que realiza, sin embargo, sabe que sus compañeros que están en terreno no viven lo mismo. El miedo, eso sí, es una constante.

En esta misma línea, Estefanía, vocera de Greenpeace, asegura que “en este país hay una tremenda inequidad en el acceso a la justicia ambiental, tenemos empresas multimillonarias que actúan con ayuda del Estado. Chile, si bien no es un país como otros de Latinoamérica que tiene una gran cantidad de muertes de líderes medioambientales, es uno donde hay persecución, particularmente a los pueblos indígenas, lo que ha significado el montaje a manos de la polícia”.

Relacionado con lo anterior, Estefanía recuerda que el año pasado se hicieron públicas listas de personas a las cuales el Gobierno estaba siguiendo con servicios de inteligencia. Entre esas personas estaban miembros del movimiento Jóvenes por el Clima, de MODATIMA (Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente).

La constante desprotección de los Derechos Humanos a los activistas, tiene su origen en la escasa investigación judicial sobre esto temas. Casos como el de Macarena Valdés, Alejandro Castro, quien luchaba por el movimiento de Quinteros y fue encontrado muerto en las vías del tren de Valparaíso en 2018; y Juan Pablo Pérez, un dirigente sindical que fue asesinado por una supuesta bala loca, luego de mostrar públicamente su descontento ante las acciones de la empresa Azeta, son ejemplo de esa desprotección.

Distintos dirigentes aseguran que existe impunidad con casos que se cierran sin respuestas para familiares. Las amenazas y agresiones son constantes, especialmente a los activistas que trabajan en terreno luchando contra grandes empresas que atentan contra la naturaleza del país.