En el último tiempo, debido a los impactos asociados al calentamiento global, la atención pública sobre los glaciares se ha intensificado mundialmente. A nivel nacional la preocupación se ha centrado en la contaminación y destrucción de glaciares por algunos emprendimientos mineros; alcanzando gran visibilidad e interés ciudadano a partir del proyecto Pascua Lama, en la cuenca del río Huasco, en la Región de Atacama, el cual ha provocado importantes daños en los glaciares que se encuentran en el área de impacto del proyecto.
En Chile, se estima que el 70% de la población se abastece de recursos hídricos provenientes de glaciares ubicados en las zonas alto andinas. Evidencias como ésta en todo el mundo muestran la importancia y urgencia de proteger los glaciares como fuentes estratégicas de agua dulce para mantener los ecosistemas; la seguridad del suministro para los asentamientos humanos, el riego agrícola y la generación hidroeléctrica.
Sin embargo, en Chile no existe legislación para proteger los glaciares. Ellos no están considerados en el Código de Aguas ni en la legislación sobre Parques Nacionales; y tampoco en los instrumentos de ordenamiento territorial como ocurre en países como España, Francia, Canadá, Perú, Ecuador o Colombia. Peor aún, en Chile los glaciares no están detenidos, y ni siquiera se nombran en el marco jurídico vigente; es decir, son un patrimonio natural fuera de la Ley.
Con el objetivo de promover la creación de leyes que garanticen la protección de los glaciares en el país, la organización Greenpeace dio a conocer la creación de la «República Glaciar«, un lugar donde cualquier persona puede ser «ciudadano», y así apoyar la protección de estas reservas de agua.
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