En paralelo las insistencias trasandinas, se desarrolla la campaña “República Glaciar” de GreenPeace. Esta acción tiene el fin de que el Gobierno se comprometa a crear una ley que proteja a los glaciares chilenos, dentro de los cuales están los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, que se verían afectados por las obras de Pascua Lama.
El proyecto de la minera canadiense Barrick Gold fue multado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por $8 mil millones (US$16,4 millones) y permanece paralizado desde mayo de 2013 por incumplimientos en normas respecto al manejo de aguas, definidas por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Matías Asun, director de GreenPeace Chile, señaló a El Desconcierto que “Por mucho que haya presión en Argentina, el proyecto depende de su realización en el lado chileno. La única posibilidad es que se retiren los permisos ambientales y el proyecto se acabe, aquí no hay terceras oportunidades, han cometido suficientes fechorías, ilegalidades y crímenes como para que en cualquier país del mundo se persiga judicialmente a los responsables.”
En una declaración conjunta realizada por ambas mandatarias, la presidenta Bachelet recalcó que “en Chile tenemos una institucionalidad ambiental y judicial que respetamos plenamente, así que tendrá que seguir el cauce que corresponda».
Asun aseguró que el gobierno tiene disposición a conversar sobre el tema, pero ellos esperan «que la Presidenta dé un paso significativo, no sólo monitoreando los glaciares y midiendo como se destruyen, sino derechamente para evitar que eso ocurra con un compromiso decidido de parte del Estado de Chile”.
Los ambientalistas esperarán a que la Presidenta se pronuncie en la cuenta pública del 21 de mayo y esperan que así “rompa el silencio histórico del ejecutivo”, hasta entonces permanecerán en protesta y realizando acciones, en medio de las presiones trasandinas por apurar el proceso de aprobación.