«Estamos en un punto de inflexión para tener una matriz energética diversificada, equilibrada y sustentable», dijo la mandataria al dar a conocer las medidas que componen la agenda.
Pese a las reiteradas críticas de comunidades locales respecto a su exclusión en la elaboración de la agenda, Bachelet recalcó que ésta fue planeada de forma participativa, con la colaboración de todos los actores involucrados.
En lo concreto la agenda energética significa una inversión de US$ 650 millones en 4 años y esta segmentada en 7 ejes principales; Nuevo rol del Estado en la planificación del sector; Reducir los precios de la energía con mayor competencia y diversificación; Potenciar las Energías Renovables No Convencionales (ERNC); Mejorar conectividad a través de la interconexión del SIC y el SING; Fomentar la eficiencia energética; Impulsar las inversiones energéticas; y mejorar la relación con las comunidades para evitar la judicialización de los proyectos.
ENAP ¿Capitalización real o cosmética?
Uno de los principales anuncios destacados por la mandataria respecto al rol del estado corresponde a la capitalización de US$ 400 millones a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
No obstante la situación financiera de ENAP, con una deuda de US$ 4.059 millones, pone en duda la real utilidad de la inversión estatal que pretende “fortalecer y profundizar la exploración y explotación de petróleo y gas natural, con esfuerzo especial en la cuenca de Magallanes, en petróleo y gas no convencional”, es decir la obtención de gas y petróleo mediante, la fuertemente cuestionada por sus impactos ambientales fractura hidráulica o fracking.
En lo concreto los US$ 400 millones de inversión anunciados por el gobierno, en ningún caso resuelven los problemas estructurales y financieros de ENAP. En las condiciones actuales la inversión informada solo permitiría la realización de sondeos petrolíferos, con lo cual no debería descartarse que para un eventual proceso de extracción se considere la inversión privada.
¿Reducir los precios de la energía con termoeléctricas e Hidroaysén?
Reducir en un 25% los precios de las licitaciones de suministro eléctrico en la próxima década para hogares, comercios y pequeñas empresas. Para ello la agenda establece que “debemos desarrollar los proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos consignados en el Plan de Obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE)”.
Con ello se pavimenta el rápido despacho de proyectos termoeléctricos a gas natural de ciclo combinado como Octopus en Bulnes o la central termoeléctrica Bocamina II en Coronel.
Debido al carácter meramente indicativo del Plan de Obras, la agenda ambiental deja abierta una vez más la puerta para aprobar el cuestionado proyecto Hidroaysen. En reiteradas ocasiones las autoridades han señalado que “el proyecto tal como está, no es viable”. No obstante, la eliminación del central Baker 2 haría viable el proyecto para los parámetros establecidos en Plan de Obras de la CNE.
A su vez la agenda no menciona modificaciones concretas que permitan cambiar el sistema actual, donde las empresas generadoras obtienen más ganancias bajo un sistema saturado y donde la energía producida con agua se cobra como si se hubiese obtenida con petróleo.