El informe es parte de la documentación que sostiene una acción jurídica inédita presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se articulan 22 casos de 9 países de América Latina, que recurren de manera concertada al sistema interamericano exponiendo el rol del Estado de Canadá, luego de constatar que las denuncias aisladas no han dado resultado, que los estados interpelados por las comunidades actçuan como si estuvieran atados de manos, y que los patrones de violación de derecho de las mineras canadienses en sus territorios no solo son comunes, sino que cuentan con el aval del estado del norte.
Pascua Lama, el caso chileno incorporado en el informe, da cuenta de las políticas de engaño de la transnacional canadiense Barrick, de la devastación de las fuentes hídricas, la promoción de la corrupción, la presión ilegítima sobre las comunidades, y la imposición de destino minero en un Valle de clara vocación agrícola, todas cuestiones que para los habitantes del territorio ameritan la constitución en el lugar de una Misión de Observación del Instituto, solicitud que quedó formalizada en ante la entidad estatal que debe cautelar el respeto de los Derechos Humanos en Chile.
Conforman el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales –OLCA– (Chile), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR– (Colombia), Fundación para el Debido Proceso –DPLF– (regional), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario -CEHPRODEC- (Honduras), Asamblea Nacional de Afectados Ambientales -ANAA- (México), Asociación Marianista de Acción Social (Perú) y Red Muqui (Perú).