Finalmente, con dos meses de retraso, el gobierno presentó su proyecto de ley sustitutivo, pero no logró satisfacer a los activistas de la defensa del agua en Chile.
“¿Es posible que el proyecto del gobierno nada tenga que ver con la opinión de los ciudadanos y de sus movimientos sociales, que hace muchos años luchamos en los territorios para terminar con el lucro y la usura con el agua, y que la misma sea consagrada como un bien común y un derecho humano?”, preguntó Mundaca en una carta abierta a la comisión.
Según el proyecto, las empresas mineras no tendrán la obligación de informar sobre las aguas encontradas en sus áreas de concesión, y por ende, solicitar su aprovechamiento.
Además, la derogación del artículo 19, numeral 24 del Código de Aguas, que consagra la propiedad privada del recurso, será un tema a revisar el próximo año.
“Algunos y algunas han valorado la iniciativa de cambiar el concepto de derechos de aprovechamiento de aguas por el de concesiones, concesiones a 30 años y que regirá sólo para aproximadamente el 10% del agua que falta por entregar, y ¿qué pasa con la perpetuidad y gratuidad con el 90% del agua ya entregada?”, recalcó el secretario general de Modatima, sugiriendo presiones corporativas.
Mundaca recordó que han transcurrido 33 años desde la promulgación del Código de Aguas e insistió en que “la privatización de las fuentes y la gestión de aguas es inhumana”.