Sobre las modificaciones presentadas en la Adenda, sólo tres de los dieciocho servicios evaluadores se manifestaron conformes. Dentro de los quince restantes, se repiten observaciones sobre la planta desalinizadora y los efectos acumulativos que traería los 26 años de actividad, sobre el fito y zooplancton; su cercanía a zonas protegidas como la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y los riesgos de derrame de hidrocarburos (como el reciente caso de Quintero); y la viabilidad del proyecto de drenaje y reinyección del subacuífero; entre otras numerosas objeciones.
Esta decisión del Servicio de Evaluación Ambiental, se da luego de que la investigación del Fiscal Gajardo por el caso Pentagate, descubriera pagos bimensuales desde la empresa hacia el ex sub secretario de Minería Pablo Wagner, mientras el Proyecto Dominga se encontraba en proceso de aprobación de la etapa de prospección. Situación que motivó al Consejo de Defensa del Estado, a querellarse por el delito de
Todo esto, levanta un manto de dudas sobre la transparencia del Servicio de Evaluación Ambiental, ante la posibilidad de corrupción en la entrega de la Resolución de Calificación Ambiental para los trabajos de prospección del proyecto Dominga. Por otra parte, pone en tela de juicio la credibilidad de Andes Iron SpA, no sólo por el posible cohecho sino, además, por la contradicción entre las propuestas de su Estudio de Impacto Ambiental, versus las contenidas en la Adenda. Sin contar la investigación por Fraude al Fut sobre el dueño del Grupo Penta y principal accionista de Andes Iron SpA, Carlos Alberto Délano.