Según informa La Nación, el plazo otorgado podría ser renovado. La resolución fue adoptada por el juez Sebastián Valdés y recoge las indicaciones de la SMA, que responsabilizó a ATI de incumplimientos en materia ambiental.
Las acusaciones contra ATI han sido fuertemente respaldadas por el Colegio Médico local, que ha mostrado diversos estudios que señalan la presencia de altos niveles de arsénico y plomo en todo el borde costero de la ciudad, especialmente en el sector aledaño al puerto de la ciudad. La contaminación incluye otros 9 componentes tóxicos, y estudios del Instituto de Salud Pública (ISP) han detectado la presencia de metales pesados en más de un centenar de niños pertenecientes a un jardín infantil cercano al recinto de acopio.
Los puntos en los que la autoridad ha detectado irregularidades están centrados en el sellado y acopio de los galpones de la empresa, así como el sistema de embarque mediante el cual el concentrado de cobre es trasladado hacia buques ubicados en el puerto.
Estudios realizados por la SMA arrojaron la presencia de concentraciones de plomo que superan el 60% sobre los niveles aceptables, además de la concentración de otros metales nocivos.
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