En aquella cuenta pública del año 2014, uno de los anuncios más ovacionados en el Congreso fue cuando Bachelet señaló que declararía las aguas como un bien nacional de uso público, lo que se llevaría a cabo mediante una reforma al Código de Aguas. Si bien la reforma se propuso, a través de la Indicación Sustitutiva que ingresó el Gobierno a la Cámara Baja en el mes de octubre del 2014, ésta fue absolutamente cosmética, ya que no tocó la esencia del código de aguas de 1981; esto es, la propiedad privada del agua.
Este año, en cambio, la oratoria grandilocuente del 21 de mayo anterior fue reemplazada por un discurso apegado a lo superficial. Las salidas que se proponen ante la grave crisis hídrica que atraviesa el país ha sido reducida a generar mayor inversión en infraestructura, por medio de embalses, infraestructura de riego y plantas desalinizadoras. Se nos quiere llevar a un idílico escenario en el que una salida tecnológica resolverá la crisis hídrica, eludiendo una vez más abordar el problema de la mercantilización y enajenación de las aguas y, además, ocultando la necesaria salida política que se requiere para hacer frente a la desigual apropiación de las aguas, que continua día a día provocando enormes inequidades y condiciones de vida indignas en todo el territorio.
Esto significa que el gobierno, con toda la presión ejercida por los gremios más poderosos de este país (en particular el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Agricultura), ha optado por morigerar su retórica de cambios y, bajo esa lógica, ha triunfado la tecnócrata apuesta por el crecimiento económico a cualquier costo, incluso por sobre la garantía de derechos sociales elementales. Un ejemplo de ello, quedó de manifiesto cuando Bachelet señaló en relación a la agricultura de exportación: “Pese a las dificultades que ha representado la sequía para la actividad, el 2014 se obtuvieron resultados positivos. Tuvimos un récord histórico en exportaciones, con un monto que bordea los 16 mil millones de dólares. Apuntamos a que en los próximos diez años dupliquemos el valor de nuestras exportaciones alimentarias”. Esta frase dicha con orgullo por la presidenta, más que ser algo digno de elogio, a estas alturas debería ser consignada como una inmoralidad frente a la dramática situación hídrica que viven miles de personas en todo el país. ¿A qué costos sociales y ambientales se duplicarán las exportaciones agroalimentarias en los próximos años? Y más específicamente ¿Con qué agua se pretende hacer?
Con este discurso, y sólo centrándonos en los anuncios relacionados con el tema hídrico, queda en evidencia que ha vuelto a gobernar la vieja Concertación, la misma coalición responsable de haber perfeccionado el modelo de lucro y usura con el agua, privatizando las empresas sanitarias (1997); y que además hoy son una caja pagadora de favores, controlada por los grupos empresariales nacionales y transnacionales más poderosos del país.
Por su parte, esto también revela el modo en que se relaciona el Gobierno con los movimientos sociales. A la misma hora en que Bachelet daba su discurso en el Congreso, miles de personas y cientos de organizaciones marchábamos por las calles de Valparaíso exigiendo cambios de fondo que apunten a la desmercantilización de los derechos sociales y los bienes comunes naturales. También, manifestábamos nuestro descontento ante la desvergonzada relación entre negocios y política, cuestión que ha quedado brutalmente develada mediante los escándalos de Penta, Caval, Soquimich y Aguas Andinas; escándalos que involucran desde el primogénito de Bachelet, hasta conspicuos políticos y empresarios.
En definitiva, la respuesta del Gobierno comandado por la efímera «Nueva Mayoría», ha sido una vez más la cruenta represión como forma de silenciar la voz de las mayorías sencillas del país, que desde hace años nos manifestamos por transformaciones de fondo. En rigor, se reacciona con el mismo método con que reaccionó la Concertación contra Daniel Menco, Matías Catrileo, Rodrigo Cisternas, o más recientemente, como lo hizo la Alianza contra Manuel Gutierrez: fomentando la criminalización y la represión sobre las ideas de cambio.
Bachelet accedió a su segundo mandato con una exigua participación popular en las elecciones del 2013, aproximadamente el 40% del padrón electoral, y lo hizo a partir de un eslogan que hablaba del «Chile de todos». Transcurrido más de un año de su segundo mandato ha quedado en evidencia que todas sus propuestas «transformadoras», cual “gatopardo”, pretenden cambiar todo para seguir igual. En suma, la plutocracia actual, como ha ocurrido a lo largo de la historia, ha empleado la violencia sin freno para acallar a las y los que luchan por hacer de los derechos sociales y los bienes naturales comunes, «DERECHOS» para todas y todos.
La historia se escribe a partir de pequeñas y grandes acciones, individuales y colectivas; esa épica que se encarna desde la calle no va a ser jamás silenciada, en tanto sea el decoro y el coraje el que prevalezca en el accionar de los movimientos sociales: sí, ¡decoro y coraje!