Más de cinco años de tramitación en el Parlamento lleva el proyecto de Reforma al Código de Aguas. Después de años durmiendo en la Cámara, una indicación sustitutiva del gobierno de Michelle Bachelet aceleró el trámite. Aprobado por diputados, ahora es discutido en el Senado.
La legislación de 1981 le entregó a los privados el domino de los derechos de agua de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad. El modelo, único en el mundo, le da al mercado el rol primordial en el manejo de las aguas, dejando al Estado con una débil capacidad de regulación y fiscalización.
La reforma, en principio, enfatizaba el agua como un bien de uso público. Pero en sus primeras sesiones en el Senado, el gobierno ya ingresó nuevas indicaciones que afectan uno de los principales temas: La caducidad de los derechos otorgados, la misma que los privados calificó como «expropiación» por cambiar que sean de a perpetuidad a renovable cada 30 años.
Con la experiencia de las reformas tributaria, laboral y educacional, los riesgos de una nueva «cocina» vuelven a aparecer en el Senado, donde 6 importantes parlamentarios (incluidos dos candidatos presidenciales) tienen actualmente derechos de agua.