La Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) envió al Tribunal Constitucional un documento con observaciones a la prohibición de la entrega de bolsas plásticas decretada por el Gobierno, que fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados y entrará en vigencia en el plazo de un año.
El texto, firmado por los abogados Gastón Gómez, José Francisco García y Francisco Cañas, señala que el proyecto, en su artículo 3°, «consagra una prohibición absoluta, total, permanente, arbitraria, selectiva, y desproporcionada, que tiene un impacto directo en el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica lícita de mis representadas».
Además, en el documento argumentan que, si los principales consumidores de bolsas plásticas (los centros comerciales), dejan de comprar bolsas para entregarlas a sus clientes, «la actividad económica de producción y venta de bolsas plásticas deja de existir, o como actividad, se le impone un obstáculo/ impedimento insoslayable».
Los abogados de la Asociación de Industriales del Plástico advirtieron que, si la iniciativa es aprobada, la discusión que continúa será «cuál es la siguiente industria o actividad económica que, por razones de impopularidad ante la opinión pública, o el puro capricho del legislador, se estime conveniente prohibir o impedir cuando se trata de una actividad económica lícita».