Una fiscalización realizada a principios de junio en la provincia de Petorca, en la que se chequearon 53 pozos de agua que tenían derechos provisionales (temporales) en la zona detectó 27 presuntas irregularidades que la Dirección General de Aguas (DGA).
La DGA inició, así, la primera etapa del plan de fiscalización en Petorca que comportó que ahora el proceso esté en fase de alegaciones por parte de los acusados. «Esta fue la primera fase de un plan de fiscalización, que será más frecuente y profundo. El objetivo fue verificar posibles infracciones al Código de Aguas y se utilizó la información emanada de la resolución DGA N°1703 mediante la cual se caducaron los derechos provisionales ya mencionados», explicó la jefa de la unidad de fiscalización de la DGA, Carolina Seeger.
Cada situación se estudiará en detalle y, si finalmente se confirma que hubieron extracciones ilegales de agua, se cursarán las sanciones correspondientes.
Tanto los resultados como los posibles sancionados «se tendrán una vez que finalice el trámite y se resuelvan los expedientes correspondientes», aseguraron desde la DGA. Luego, en el plazo para zanjar aquello, lo que podría demorar 6 meses como máximo.
Según el artículo 173 ter del Código de Aguas, aquellos a quienes se acuse de extracción ilegal de agua arriesgan multas de cuarto grado, es decir, entre 501 a 1000 UTM. En caso de detectarse ilegalidades, los antecedentes podrían ser derivados al Ministerio Público.