Esta mañana, la empresa Statkraft anunció la postergación del proyecto de Central Hidroélectrica Osorno, que se disponía a construirse en el río Pilmaiquén, en las cercanías del complejo religioso mapuche williche Quintuante.
Ayer, la Alianza Mapuche Williche Toki Kalfvllikan -que agrupa a distintas comunidades de la zona- hizo ocupación de las oficinas de la empresa noruega en oposición a los proyectos hidroelécticros en la zona, que además de Osorno incluye los proyectos Rukatayo y Los Lagos. «Exigimos el retiro inmediato de todos estos proyectos hidroeléctricos en nuestro río Pilmaikén, del mismo modo, la renuncia de la RSA y dejamos en claro que no negociaremos nuestra espiritualidad, cultura y territorio», aseguraron ayer a través de un comunicado.
María Teresa González, gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Statkraft Chile, aseguró a Bío Bío que «atendiendo a las inquietudes expresadas por las comunidades, nos comprometimos formalmente a que el proyecto Osorno no se construirá como fue concebido y aprobado originalmente. Este compromiso lo explicitamos, el proyecto lo vamos a reformular para que no tenga ningún impacto sobre el complejo religioso».
La Central Hidroeléctrica Osorno es una central de 58,2 MW de potencia ubicada 30 kilómetros al norte de Osorno, en el río Pilmaiquén, donde ya opera la central de pasada Rucatayo, de la misma empresa noruega.
La Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. inició sus tratativas para la aprobación de la iniciativa en agosto de 2007. En 2015, la transacional noruega Statkraft compró el 98% de la compañía en más de 150 mil millones de pesos.
Antes de eso, Pilmaiquén era una empresa estatal que fue privatizada en dictadura y estuvo durante años ligadas a personajes ligados a la derecha y el empresariado, como Bruno Philippi Irarrázabal, presidente de AES Gener y Hernán Büchi, ex ministro de Pinochet y Jovino Novoa, ex senador de la UDI y condenado en el caso Penta.
La central pasó por los estudios de impacto ambiental asegurando que no habían comunidades indígenas en la zona.
Las comunidades, a su vez, han denunciado que no se aplicó el convenio 169 de la OIT, relativo a la consulta indígena.