Periodistas Alejandra Carmona y Tania Tamayo / Foto: Junior Vásquez
Las periodistas y académicas de la Universidad de Chile, Tania Tamayo y Alejandra Carmona, recogen en su investigación diferentes historias humanas vinculadas a la escasez hídrica en diferentes rincones del país. Igualmente, como gran novedad, el libro exhibe los conflictos de interés del actual ministro de Agricultura, quien habría recibido cerca de $350 millones de la Comisión Nacional de Riego. En conversación con El Desconcierto, las autoras hablan de cómo el extractivismo ha secado comunidades y proyectan el debate constituyente respecto del agua libre.
El formato de crónica no fue una elección casual en la redacción de «El negocio del agua» (Ediciones B), el libro de las periodistas Alejandra Carmona y Tania Tamayo. Las autoras querían presentar la problemática de la escasez hídrica en el país desde la voz sus propios protagonistas. Desde la perspectiva de las comunidades que mueren de sed y ven secarse los terrenos en que ha vivido todas sus historias.
Petorca, Osorno y San Pedro de Melipilla son algunos de los lugares que visitaron las periodistas, donde conocieron a personas que forman parte del 10% del país que vive sin agua potable de libre disposición. Una realidad que contrasta de forma violenta con las grandes producciones agrícolas de diversos empresarios, que son mencionados en esta investigación.
«Quisimos presentar el conflicto de una manera más holística y no sólo desde el poder, ver las implicancias en quienes están directamente afectados. Entender la manera en que se relacionan con la tierra, ya que el tema les afecta por sus animales, por sus tradiciones y su cultura termina cambiando. Quisimos trabajar con estas voces, que siempre son relegadas. Teníamos la historia política del Código de Aguas, pero quisimos también hacer estas miradas más locales», explica Tamayo, quien es directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
Carmona, por su parte, señala que quisieron elaborar una investigación «que fuera entendida por todo el mundo» y no sólo «por economistas». «El viaje a Petorca tiene que ver con mostrar cómo impacta el extractivismo en el tejido social. En la zona del norte era importante conversar con las comunidades respecto de cómo los ha dañado la minería. Pudimos conocer historias de gente que se quedó sin casa o pueblos completos que fueron barridos por la falta de agua», ejemplifica la docente de la U. de Chile.
—¿Cuáles han sido los hitos que han avivado el debate respecto de la privatización del agua?
T.T: «Creo que ha sido muy progresivo. Los hitos tienen que ver con que las comunidades se han manifestado respecto de situaciones específicas. Eso pasa generalmente cuando esas comunidades tienen mayor riqueza cultural y tienen conciencia de que ahí están ocurriendo injusticias, como fue el caso de Alto Maipo. Mientras más aumenta el extractivismo y Chile se trasforma en potencia en distintos rubros, más se van evidenciando las injusticias».
A.C: «El 2011 se empiezan a cuestionar las ganancias, las privatizaciones y el lucro que muchos grupos económicos lograron desde la dictadura, incluyendo los gobiernos de la democracia. Ahí empieza a aparecer el malestar. Pero el malestar en las comunidades ya existía. Hay comunidades que se secaron, como Quillahua, y que Soquimich les compró todos los derechos de agua a los propios habitantes. En este contexto, además se empiezan a desplomar las instituciones, lo que permitió que las personas cuestionen también el modelo económico. Esos cuestionamientos también incluyen el agua y las comunidades empiezan a hacer presión para que todos nos demos cuenta de que la gente se está muriendo de sed y sus terrenos se están secando».
T.T: «Además, empezaron a salir a la luz las millonarias consecuencias que había tenido la implementación del código de aguas. Pienso en personajes como Rafael Prohens, Isidoro Quiroga, Jorge Wassholz, Ricardo Aristía, que son quienes obtuvieron gratuitamente derechos de agua y que luego los vendieron -y muchos los siguen vendiendo- en millones de dólares. En el caso de Petorca, que probablemente es el símbolo más grande de lo que pasa en el país, están familias como los Ruiz-Tagle, Pérez Yoma, Junemann, Cerda, Álamos y Piwonka. Entre todos ellos tienen al rededor de 2300 derechos de agua, y eso es muchísimo».
—Se avecina un cambio de Constitución. ¿Qué es lo que se debe defender en este proceso para recuperar el agua?
T.T: «Es importante entender por qué la Constitución es tan importante en esto, siendo que hay un Código de Aguas. Este código dice que el agua es un bien nacional de uso público y que las personas tienen un derecho de aprovechamiento respecto de ello. Luego, en otro artículo dice que ese aprovechamiento es un derecho real. Pero la Constitución lo que hace es amarrar este derecho, estableciendo que este derecho que tienen los particulares les otorga la titularidad de la propiedad de los derechos y eso quiere decir que tiene derecho a uso, goce, disposición y todo lo que constituye un derecho real. Por eso es tan difícil deshacer paradigmas, porque para hacerlo tienes que trabajar en las dos instancias».
En esa línea, Tamayo releva el trabajo de organizaciones como Modatima, Defensoría Fima, Defensoría Ambiental o Chile Sustentable, «que han establecido ciertos puntos y principios que probablemente se van a considerar en la nueva Constitución, como es el reconocimiento del derecho humano al agua, la priorización del recurso, la subsistencia, las reservas de agua, la sustentabilidad ambiental o la discriminación positiva a las comunidades campesinas o indígenas. Estos temas lo más probable es que se instalen a partir de la reforma, pero si esta reforma es a medias o si no se cambia el código, vamos a seguir bajo los mismos parámetros de injusticia».
—Desde la política institucional, ¿han habido voluntades de solucionar esta problemática con el agua?
T.T: «En el libro aparece todo el recorrido de los intentos de reformas, quiénes las entorpecieron y cómo se generaron los lobbies de ciertos partidos y fundaciones, relacionadas particularmente con la derecha, para que estas reformas no vieran la luz. Uno de los retrocesos más grande se generó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando aparece el ministro de Agricultura, Antonio Walker, que es el primero en decir que los derechos van a seguir siendo perpetuos. Él dice esto porque la agroindustria es la segunda más importante del país. Entonces, para el gobierno y para el empresariado, el derecho de agua perpetuo se transforma en una bandera de lucha, que luego empieza a instalarse en insertos en medios de comunicación, en carteles en las carreteras. El gobierno de Piñera, antes del estallido, instala esta certeza de que no va a haber ninguna reforma respecto de la perpetuidad del derecho. Y ahí, cuando la sequía se hizo muy evidente, antes del estallido, bajan las apariciones del ministro de Agricultura, y aparece el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, tomando el tema de la sequía e instalando el tema de la expropiación. Pero aun así no pensaban en disminuir la temporalidad del derecho e insistían con la perpetuidad».
A.C: «Creo que no ha habido voluntad política de hacer cambios reales, porque si no esto ya se habrían hecho. No está solamente en el código de aguas, están también los intereses económicos en la privatización de las sanitarias. Chile es uno de los pocos países que tiene privatizada el agua tanto en su origen como en su gestión. Uno puede ver en el transcurso de la historia cómo distintos partidos políticos, que han gobernado Chile desde siempre y están vinculados a la élite empresarial y política, han sido los más potentes defensores de este modelo económico. Hay organismos ligados al tema del agua, como la Dirección General de Aguas (DGA), por ejemplo, donde se juega permanentemente a la silla musical, y los mismos miembros de organismos que se han opuesto a terminar con la perpetuidad de los derechos del agua ocupan cargos en instituciones estatales».
—¿La situación del ministro Antonio Walker se puede calificar como un conflicto de interés?
T.T: «Es evidente el conflicto de interés, porque si bien en un comienzo se puso el foco en los derechos de agua que él tenía, más allá de eso, el ministro de Agricultura es un empresario agrícola, que recibe una enorme cantidad de financiamiento respecto de sus sistemas de riego. Ese financiamiento lo ha recibido mediante la Comisión Nacional de Riego, que es una de las instancias más importantes del ministerio de Agricultura. Por lo menos $350 millones ha recibido de la comisión, siendo de los empresarios que más dinero ha recibido. Esa es una de las informaciones más importantes del libro, que no estaba registrado en ninguna otra parte. Creemos que hay un conflicto de interés que va más allá de cuántos derechos de agua tiene, sino que tiene que ver con instalarse desde el mundo del empresariado. Cuando él apoya este inserto que se hace en 18 medios de comunicación, apoya a los siguientes organismos: la Cámara de Comercio, la Cámara Chilena de la Construcción, la Sofofa, la Asociación de Bancos, la Sociedad de Minería, la Sociedad de Agricultura. Entonces, si estás del lado del empresariado, es muy poco lo que puedes hacer por todos los chilenos. Pero también hay otros ex ministros que tienen derechos de agua. Hay un capítulo completo dedicado a eso en el libro».
