La compañía termoeléctrica AES Gener respondió a la acusación que se hizo pública el pasado jueves, de intentar que los vecinos y representantes de distintos estamentos renuncien a su derecho de exigir indemnizaciones por los daños a la salud provocados por sus operaciones en la zona de Quintero y Puchuncaví.
La denuncia apunta a un contrato que fue ofrecido desde noviembre de 2019 a los habitantes, en el cual se pacta abandonar las demandas que tengan en curso y desistir a la posibilidad de alegar en el futuro cualquier tipo de compensación por daños a la salud, tanto a las personas como a sus familiares, provocados por varamientos de carbón en el lugar. Todo lo anterior, a cambio de una suma de dinero. Un grupo de pescadores firmó el documento.
A través de un comunicado, la empresa aseguró que las tratativas con los pescadores «fue un diálogo transparente, en el que intercambiamos información sobre el fenómeno de los varamientos de materiales en la playa de Ventanas, así como sobre la operación de la Central Ventana», a lo que agregó que “llegaron a la convicción de que la central no tenía responsabilidad en los hechos aludidos en la demanda, razón por la cual se desistieron. Cada uno de los pescadores firmó voluntariamente, en presencia de un notario”.
Sin embargo, las críticas han sido duras desde que se dio a conocer el acuerdo. El director de Greenpeace Chile, Matías Asun, afirmó que «acá hay un plan bien elaborado, planificado y meticuloso por parte de AES Gener que es completamente antiético y que, explicado de manera sencilla, lo que intenta es comprar silencio. Es una situación impresentable que debe explicar y aclarar la empresa».
El silencio no se puede comprar. @AESGener contamina con los varamientos de carbón e intenta acallarlo. pic.twitter.com/FeCeFTPEwt
— Greenpeace Chile (@GreenpeaceCL) March 5, 2020
En esta misma línea, el senador independiente por la región de Valparaíso, Marcelo Díaz, condenó el hecho y afirmó que «de ser cierta esta información, sería sumamente grave porque es una práctica conocida, en que se utiliza a los afectados por daño ambiental para un negocio de privados, para un negocio de abogados». Además aseguró que un acuerdo de esa naturaleza es «ética y humanamente impresentable».
Finalmente, declaró que es necesario «condenar a todas aquella persona o empresa que imponga sus intereses particulares por las reales necesidades y cuidados de la ciudadanía».
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Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró a través de redes sociales que «ningún acuerdo entre privados puede eximir a nadie de sus responsabilidades o impedir que como Gobierno fiscalicemos con celo el correcto cumplimento de nuestro Plan de Prevención y Descontaminación o la normativa medioambiental».
Quintero y Puchuncaví se encuentra con niveles de contaminación críticos y los varamientos de carbón en la costa se suman a la polución de las industrias de la zona. Incluso, un estudio financiado por el Fondecyt del Ministerio de Educación determinó que existe riesgo de que los niños del lugar enfermen de cáncer debido a las altas concentraciones de elementos contaminantes, principalmente arsénico, plomo y zinc.