OPINIÓN | Litio y conflictos socioambientales en tiempos de crisis: Una oportunidad para (re)pensar la transición

A casi 8 meses del estallido social y en medio de una pandemia que golpea en forma brutal a los sectores mas vulnerables del país, resulta casi extraño pensar que tan sólo en diciembre del año pasado Santiago de Chile debía recibir la COP25. Pero el gobierno decidió que no estaban las condiciones y los desafíos no resueltos de los Acuerdos de París se discutieron finalmente en Madrid. Entre ellos, una transición energética donde la electromovilidad juega un rol central, a pesar de que sus impactos socioambientales – especialmente aquellos vinculados a la extracción minera- se contradicen profundamente con los principios de lo que muchos entendemos como justicia ambiental. Durante el cierre de su participación en la sesión plenaria, el movimiento español Ecologistas en Acción daría algunas luces sobre el alcance que tuvo esta conferencia con la frase “Esta COP ha fallado a las personas y al planeta. Poder del pueblo, justicia climática”.

En Chile y a pesar del difícil clima político, se llevó adelante una serie de eventos paralelos que gracias a esfuerzos colectivos de diversos sectores de la sociedad civil crearon espacios para reflexionar sobre la crisis socioambiental y visibilizar las otras caras del desarrollo. Entre esas organizaciones se encontraba un grupo de miembros del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, colectivo nacido hace unos años en San Pedro de Atacama y que hoy reúne a representantes de comunidades, organizaciones e investigadores de Chile, Argentina y Bolivia, preocupados por las consecuencias de la intensificación y expansión de la minería del litio en el triángulo de los salares andinos (bautizado desde la industria como el triángulo del litio). Y es que para satisfacer el mercado creciente de autos eléctricos el ya sobre explotado Salar de Atacama no bastará, y se hace necesario explotar más acuíferos y salares, al parecer sin importar que éstos se encuentren en territorios indígenas (atacameños o lickanantay, colla, quechua y aymara) o que impacten zonas protegidas como Laguna Tebenquiche o los salares de Maricunga y Coipasa.

El problema, más allá de las deficiencias inherentes al modelo primario-exportador que predomina en el país y la región, es que el litio chileno se obtiene mediante la succión de acuíferos hipersalinos que son concentrados mediante un proceso de evaporación hasta llegar al punto óptimo para la obtención del carbonato de litio. La concentración de las salmueras y las condiciones de aridez extrema del Salar de Atacama son las principales ventajas comparativas respecto a los países vecinos, lo que junto a un marco legal que permite que estos depósitos no sean tratados como aguas subterráneas, ha permitido décadas de extracción a bajo costo. Este último punto ha sido particularmente conveniente a los procesos de ampliación en los permisos de extracción de salmueras, pero también a la invisibilización de los impactos de una minería de agua sobre el balance hídrico de la cuenca. Sin ir más lejos, hace sólo unos días el presidente de la trasnacional Albemarle (exRockwood Lithium) decía en un webinar internacional “la salmuera de Atacama es diez veces más salina que el agua de mar (…)  en realidad, no tiene otro uso más que como recurso, como mineral”. He conversado con gente muy sabia en los salares y con más de una persona que desde la ciencia no estaría tan de acuerdo con esa afirmación. ¿Será que lo esencial es invisible a los ojos de quien tenga por misión maximizar las ganancias de una trasnacional con dirección en Carolina del Norte? Casos de despojo de bienes comunes en beneficio de trasnacionales y países centrales conocemos muchos, pero que nos digan qué es agua y qué no lo es, es para preocuparnos. Entonces, creo que la pregunta no es si la salmuera es agua o no, que es hacia donde las corporaciones están tratando de llevar la conversación; si no por qué Chile carece de un marco legal que proteja y fiscalice efectivamente estos ecosistemas y cuencas (procesos sancionatorios como el que se aplicó a SQM, si es que llegan a algo, no reparan el daño ambiental); o por qué no se cuenta con conocimiento independiente y suficiente sobre el funcionamiento de los salares en tanto que ecosistemas complejos, donde por ejemplo se integre el rol de los microorganismos que están en la base de la cadena trófica, las especies vulnerables que los habitan, el rol de los humedales en la regulación del clima, y por supuesto el valor que éstos tienen para las comunidades y las economías locales.

La presión global, potenciada a través de diversas estrategias desde los Estados centrales, transnacionales y organismos internacionales, responde a nuevas estrategias de seguridad minera y a un consenso ecoextractivista donde la minería climáticamente inteligente sería la última novedad. De la mano con las implicancias geopolíticas que este proceso pudiera desencadenar, la expansión extractiva del litio detona y profundiza transformaciones no deseadas en los contextos indígenas y rurales de la Puna de Atacama, las cuales muchas veces son relativizadas, o simplemente invisibilizadas. Es así como desde organizaciones comunitarias, movimientos socioambientales y desde una investigación críticamente posicionada frente a un modelo hegemónico de desarrollo basado en el despojo, la explotación de los trabajadores y la destrucción de la naturaleza, pensamos y sentimos que si esto es el costo de la transición de los Acuerdos de Paris y de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, es posible que estemos yendo por el camino equivocado.

Esto en ningún caso debe entenderse como un llamado a seguir en los combustibles fósiles ni debe empujarnos hacia la falsa dicotomía “electromovilidad o continuar contaminando de siempre”; por el contrario, es una oportunidad para atravernos a más. Mientras hacemos nuestra humilde parte en lo que toca a la reducción global de emisiones, contamos con elementos para ver más allá del extractivismo y de las soluciones individuales para unas minorías privilegiadas. Si nos preguntamos quiénes son los responsables de las crisis y quiénes sufren con mayor dureza sus consecuencias, sabremos quiénes precisamente no pueden ser son los llamados a resolverlas por nosotros y nosotras. La invitación es mas bien a pensar los procesos también desde lo local, a dialogar con propuestas como el Pacto Ecosocial del Sur, apostando por un proceso de descolonización y democratización de los imaginarios de la transición. Esto nos permitirá valorar los territorios, más que como fuentes de recursos minerales, por la riqueza de sus saberes comunitarios, ciencias locales y biodiversidad, pensando en la regeneración de nuestra relación con el agua y la naturaleza como el punto de partida para las otras transiciones posibles.