Foto: Fundación Terram /
Aunque la medida fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo planteó preocupaciones que parlamentarios y especialistas califican como “campaña del terror” contra el cierre anticipado de las termoeléctricas.
Mayor riesgo de cáncer, metales pesados en el cuerpo e intoxicaciones masivas, son algunas de las secuelas que han tenido que sufrir quienes viven en las zonas de sacrificio, donde se emplazan la mayoría de las termoeléctricas del país. Comunidades organizadas celebraron el avance del proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de termoeléctricas para el 2025.
A pesar de la aprobación de las y los parlamentarios, el Gobierno dio sus argumentos en contra del proyecto, el cual, según sostuvieron el ministro de Energía y la ministra de Medio Ambiente, generaría pérdida de empleos, racionamiento eléctrico y alza de tarifas, además de ser inconstitucional.
“Ya es costumbre este tipo de campañas por parte del Gobierno”, opina Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. “Cuando se rechazó Hidro Aysén, decían que iba a aumentar la luz, que iba a haber racionamiento y eso no pasó. Lo mismo se argumentó con las leyes de energías renovables en el 2008 y el 2011 y al final pasó todo lo contrario”, recuerda.
El impulsor de esta iniciativa, el diputado Diego Ibañez, apuntó a la necesidad de voluntad política para lograr la descarbonización anticipadamente. “Los problemas planteados por el Ejecutivo son solucionables. Solo se requiere de voluntad política. Si este proyecto sigue obteniendo las mayorías, el Gobierno va a tener que apurar otras acciones que van en esta misma línea, para apoyar estos cambios, como impulsar empleos verdes que absorban a esos desempleados, o incentivar nuevas centrales renovables para que no haya racionamiento”.
Los empleos
Son 13.000 los puestos de trabajo los que se perderían según expuso el ministro Juan Carlos Jobet. Sara Larraín cuestiona estas cifras, que considerarían no solo a empleados directos sino a quienes trabajan en toda la cadena del carbón. “Eso en Chile no procede. Los trabajadores del puerto de Coronel no trabajan solo descargando carbón, sino para todo el sector industrial”, ejemplifica.
Se calcula que cada planta tiene en promedio 54 trabajadores, que serían los empleos directos perdidos. “De cualquier manera, la cifra de empleos directos no es menor, y se trata por lo general de trabajos formales con ingresos medios, que sostienen el consumo en los comercios y servicios de estas zonas que son de ingresos bajos”, apunta el diputado, volviendo a relevar la voluntad política necesaria. “Este proyecto por sí solo no va a solucionar el empleo. Se tiene que trabajar con el gobierno una recuperación social y económica de estos lugares que vivían de la pesca artesanal o el turismo. Globalmente se está hablando de una reactivación verde post pandemia, sugiriendo que dinámicas sostenibles y economías verdes dan más empleo que la actual matriz productiva. Es una oportunidad para impulsar empleos verdes que no obliguen a la comunidad a elegir entre trabajo y medio ambiente, que también afecta la salud”, reflexiona.
Las tarifas
Acelerar el cierre de termoeléctricas, en argumentación de Jobet, aumentará las tarifas de la luz, porque las dueñas de las centrales podrían renegociar los contratos de largo plazo que tienen con los clientes, aumentando los precios si es que no se les deja utilizar el carbón que es más barato.
“Las señales de precio según las adjudicaciones de contratos de energía de largo plazo que han cerrado en el último año grandes clientes libres, demuestran una tendencia a precios cada vez más bajos por la mayor competitividad de costos de las energías renovables por sobre las convencionales. Si cada vez hay más oferta renovable y los costos de tecnologías solares, eólicas e incluso de almacenamiento pueden acarrear aún más rebajas, ¿por qué deberían encarecerse los contratos?”, se pregunta Ana Lía Rojas, de la consultora Enner Connex.
El racionamiento
Otra preocupación planteada sobre este proyecto, fue que podría obligar a un racionamiento eléctrico, debido a la incapacidad de suplir la retirada del carbón con otras fuentes para el 2025, e incluso debiendo recurrir a los motores de diésel que es un combustible más caro. Ana Lía Rojas matiza esos cálculos, afirmando que “la capacidad de energías renovables que se está instalando y la mayor presencia de gas natural en la matriz de generación – como un elemento clave en la transición energética – vendrán a remplazar los 5.300 MW de carbón, sin necesidad de racionamiento”, explica.
La infraestructura es una de las principales preocupaciones en este punto. “Para avanzar en energías limpias y de futuro, es indispensable contar con la infraestructura necesaria, especialmente de transmisión, para asegurar que la energía llegue a todos los sectores del país”, manifiesta el ministro.
Para Rojas, es posible lograr el plazo si existe la voluntad. “Tal vez se requiere de tiempo más allá del 2025 para sintonizar todas las acciones de permisos ambientales, construcción de las líneas de transmisión y conexión. Pero se trata de un tema de agenda política y de mercado, más que uno técnico y por eso mismo hay estudios técnicos que avalan la salida total del carbón al 2026”, acota.
La propiedad privada
Según expuso la ministra Carolina Schmidt, El proyecto es inconstitucional porque prohíbe el desarrollo de una actividad económica previamente autorizada en el país, afectando el derecho de propiedad sin la debida indemnización. Afirma que se trata de un proyecto expropiatorio y al ser tal, hay un costo que tendría que pagar el estado por indemnizaciones, por compensación de cierres forzados por ley.
Ezio Costa, abogado ambiental de la ONG FIMA, sostiene ante esto que no se trataría de una expropiación, ya que para que exista tal, debería haber una apropiación por parte del estado de los bienes de los privados. En este caso, las centrales siguen siendo de los dueños, pero pueden disponer de ellas de acuerdo a las prohibiciones que establezca la ley. “Definir qué actividades son lícitas y cuáles no, le corresponde a la ley. En este caso sería la generación eléctrica por medio de carbón. Se prohíbe un tipo de uso, pero las centrales se pueden reconvertir para generación con gas, vender, etc”, comenta. En juicio del abogado, se trata de una prohibición “razonable”, porque se basa en conocimiento científico y la necesidad de las comunidades, dando además un plazo para adaptarse a la medida.
Al hablar de constitución y derechos fundamentales, también entra a jugar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que admite que por ese derecho se limiten otros relacionados a la libertad económica y propiedad privada. A su vez, el derecho de propiedad, en lo que refiere a su función social, también admite que puede ser limitado por temas sociales y ambientales. “Legisladores deben tener en cuenta que cuando están limitando el derecho de propiedad, lo hacen por la función social y ambiental de dicha propiedad”, afirma el abogado.
En medio de un debate constituyente como el que atraviesa el país, los diálogos hacia una constitución ecológica concluyen que, en ella, el concepto de propiedad debe estar mucho más vinculado a la función ambiental de ésta. Además, debería incorporar la protección de los bienes comunes, como un concepto que no es de propiedad pública ni privada, sino de toda la colectividad actual, pasada y futura. “En una constitución ecológica, cualquier cambio normativo que busque garantizar la protección de los bienes comunes para generaciones futuras, sería indiscutiblemente constitucional”, declara Costa.
El costo del que no se habla: sufrimiento ambiental
Un punto no tan mencionado en la comisión por parte del Ejecutivo, fue el del sufrimiento ambiental que ha marcado las vidas de quienes habitan en zonas de sacrificio. “Hay una lógica muy neoliberal de cómo se calculan los costos para determinar si es beneficioso o no determinado plan. El ministerio utilizó una forma de medir, que contempla algunos elementos de la afectación que han tenido las termoeléctricas, como la mortalidad, la atención en salud, la baja en la productividad, considerándolos como costos. Pero no miden la capacidad de invertir en el bienestar de las personas como un beneficio. Se argumenta entonces que los costos de cerrar las termoeléctricas son altos y los beneficios son bajos. Pero la inversión a la hora de cerrar las termoeléctricas es invaluable porque termina con el sufrimiento de niños y niñas, con el aumento del cáncer, etc. Es un problema de paradigma que minimiza el beneficio de la gente y maximiza la responsabilidad fiscal del estado y el compromiso con las empresas”, reflexiona Diego Ibáñez.
En relación a esto, la ministra de Medio Ambiente cambió el foco de la afectación en la salud para quienes viven cerca de termoeléctricas, a la de quienes viven en las ciudades del sur altamente contaminadas por la pobreza energética. “La normativa que se ha establecido para las termoeléctricas en Chile ha permitido atacar el problema directo que estas generaban en la salud de las personas, permitiendo que en las zonas que tienen centrales a carbón, no haya habido episodios críticos por material particulado en el 2019 ni este año. Sin embargo, estamos llenos de episodios críticos por esto, y descarbonizar aceleradamente con un aumento en los costos, impediría que quienes viven en estas ciudades se cambiaran de leña a calefacción eléctrica”.
Hernán Ramirez, que además de ser investigador asociado a la fundación Terram, vivió en Quintero, recordó que las centrales no solo emiten material particulado sino también dióxido de azufre y otras emisiones que generan problemas cardiovasculares, que hacen más vulnerable a las personas ante el Covid-19. En cuanto a las normas, fue crítico con la intención del Gobierno, que “debía haber iniciado hace dos años la revisión de la norma de termoeléctricas, y lo hizo ahora porque la contraloría se lo instruyó. Hoy hay una oportunidad de cambiar la ley que está por debajo de los estándares de normas en otros países.
“Lo que pasa en el sur es muy grave y es bueno que el ministerio se preocupe, pero decir que manteniendo las termoeléctricas 20 años más estamos ayudando a las comunidades del sur, es una falta de lógica, lo que se necesita es un subsidio. El razonamiento carece de una preocupación por el tema de fondo de todo esto, que es la contaminación”, analiza.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/03/el-verdadero-fin-de-las-termoelectricas/
