Este viernes 21 de agosto se cumplen dos años del inicio de las intoxicaciones masivas de Quintero y Puchuncaví. Los más afectados por este episodio resultaron ser niños y niñas que habitan y estudian a una corta distancia del Complejo Industrial Ventanas, quienes diariamente se encuentran expuestos a altas concentraciones de contaminantes respirables como arsénico, material particulado, dióxido de azufre o compuestos orgánicos volátiles, todos ellos emitidos principalmente por la fundición de cobre de Codelco, las termoeléctricas de AES Gener, el terminal de petróleos de ENAP y por las actividades portuarias e industriales ligadas a estas empresas.
A dos años de estos episodios, cabe preguntarse: ¿cómo continúa la situación de los habitantes de Quintero y Puchuncaví?
Lamentablemente la respuesta es que el panorama no ha cambiado. A la fecha no existe una actualización y dictación de normas que regulen estos episodios y las emisiones industriales en el sector, lo que ha hecho que la realidad existente antes y durante las intoxicaciones, se mantenga hasta el día de hoy.
En una reciente columna, el investigador asociado a Fundación Terram, Hernán Ramírez, señalaba que «No queda más que concluir que la negligente situación de la Bahía de Quintero sigue siendo una realidad de la zona, no existiendo una auténtica voluntad de la autoridad por solucionar los problemas del lugar, como tampoco hay garantías de que episodios de intoxicaciones masivas no vuelvan a repetirse en la zona. Las falencias en materia de dictación y fiscalización normativa ambiental en nada ayudan a componer las confianzas rotas de la comunidad con las instituciones sanitaria y ambiental, las que claramente han abandonado su deber de velar por el derecho a la vida, la salud, la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente seguro y libre de contaminación».
Cabe recordar que, en febrero del 2019, a seis meses de iniciadas las intoxicaciones, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió rechazar los 12 recursos de protección interpuestos en representación de los habitantes de la zona. Sin embargo, tres meses más tarde la Corte Suprema acogió estos recursos, estableciendo responsabilidades de los servicios públicos en su actuar frente a las intoxicaciones.
En el fallo, la Corte Suprema estableció 15 medidas a implementar por las autoridades, las que hasta la fecha se han cumplido solo parcialmente. Lamentablemente, aunque el fallo del máximo tribunal contempló medidas respecto a nuevos episodios de contaminación, estas no van el sentido de restringir o paralizar las industrias: en vez del cierre de las empresas contaminantes se dispone el cierre de los establecimientos escolares y el traslado masivo de niños y personas vulnerables a zonas con aire más limpio.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/03/el-verdadero-fin-de-las-termoelectricas/