Escazú, SBAP y Ley de Cambio Climático: las prioridades del Gobierno en medio ambiente

A través de una presentación en el Congreso Nacional, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, en compañía del subsecretario de la cartera, Maximiliano Proaño, dieron a conocer las prioridades legislativas del nuevo Gobierno en materia ambiental.

Durante la sesión, realizada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Chile el 23 de marzo pasado, las autoridades de Gobierno presentaron los ejes centrales del plan del Ejecutivo en la materia: Transición Ecológica Justa, Descentralización, Feminismo y Garantía del Trabajo Decente, con el propósito de avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el bienestar de las personas y las comunidades.

“Queremos ser el primer Gobierno ecológico para Chile, a través de la protección de los ecosistemas, la rápida adaptación a la crisis climática y lograr una transición ecológica justa” señaló la ministra Rojas.

Entre las prioridades legislativas para el primer semestre se especificó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú tras discusión en el Congreso, la aprobación e implementación de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático.

A su vez, se indicó la intención de tramitar el proyecto que tipifica delitos ambientales y la ley sobre protección de turberas, así como avanzar en el fortalecimiento de la Super Intendencia de Medio Ambiente (SMA).

Al respecto, Pamela Poo, politóloga y encargada de políticas públicas e incidencia en Chile Sustentable, señaló que: «Sobre la agenda que impulsa el gobierno, creo que es positiva, pero está lejos de representar la expresión de un gobierno ecológico, los proyectos impulsados están en la lógica de lo que debe ser, delito ambiental, SBAP, turberas, que son de continuidad, aún no hay muchas propuestas a impulsar a excepción de Escazú y fortalecimiento de la SMA del cual desconocemos sobre lo que propondrá».

En este sentido agregó que: «Si bien es complejo instalarse, creo que aún falta tratar materias en torno a la adaptación, restauración de paisajes, glaciares y recoger las inquietudes de las organizaciones que tienen muchísimas demandas que debieran transformarse en varios casos proyectos de ley».

Por su parte, el director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, señaló que: «Conceptualmente, es super necesario buscar una transición justa. La transición ecológica está sucediendo y podemos abordarla buscando relevar la justicia o dejar que nos pase por encima. Ya en la convención constitucional se aprobó un artículo que pone a la justicia ambiental y a la acción climática justa como principios”.

“Todo esto significa que, a la hora de hacer cambios tecnológicos, normativos o sociales, se tenga en consideración los efectos distributivos de eso, que no sea beneficiados quienes ya lo estaban, ni perjudicados quienes ya lo estaban. Eso requiere de mucha deliberación y participación pública, esa es la forma de lograrlo» puntualizó Costa.