13 plantas desaladoras financiadas con aporte estatal no fueron evaluadas ambientalmente

Durante los últimos años, las plantas desaladoras de agua de mar se han posicionado como una alternativa posible para enfrentar la megasequía que se prolonga desde hace más de una década en el país. Pero, ¿qué impactos ambientales generan este tipo de proyectos?

Para dar algunas luces sobre esta pregunta y analizar el estado de la regulación sobre las plantas desaladoras en Chile, Fundación Terram publicó una minuta donde identificó que al menos 13 proyectos que no se han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), fueron financiados con aportes estatales.

Para Hernán Ramírez, investigador asociado de Fundación Terram y uno de los autores del documento, “se deben establecer criterios que permitan, en el corto plazo, evaluar los impactos de este tipo de proyectos en el medio marino, lo cual debiese, desde nuestra perspectiva, realizarse a través de un Estudio de Impacto Ambiental, y no solo por medio de una declaración, puesto que hasta hoy solo el 40% lo ha hecho vía estudio, que es la manera más rigurosa de evaluar los impactos”.

Por su parte, Elizabeth Soto, licenciada en biología marina de Fundación Terram y también autora de la minuta, añade que “la evaluación de impacto ambiental debe considerar no solo los impactos que aisladamente generan estas desaladoras, sino también la sumatoria de impactos que estos proyectos pueden causar en los ecosistemas costero-marinos, garantizando que se minimice al máximo su afectación. En este sentido, es muy relevante normar dónde y cómo se disponen los desechos de salmuera y otros elementos nocivos para que no sean depositados directamente en el mar”.

La minuta también consigna la distribución geográfica de las desaladoras que han sido evaluadas ambientalmente, y las que están en proceso: 14 se concentran en la región de Antofagasta (48%); 7 en Atacama (24%); 4 en Valparaíso (14%); 3 en Tarapacá (10%) y 2 en Coquimbo (7%).

En cuanto al destino del agua desalada de los proyectos hasta noviembre de 2021, el documento señala que el 80% de este tipo de plantas tiene por finalidad abastecer con agua procesos mineros e industriales, y solo un 20% está dirigido al consumo humano.

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