“Las casas se construyen para ganarse la vida, no con fines de lucro“, se podía leer en un comunicado de prensa emitido por la ciudad de Ámsterdam en abril de este año cuando comenzó a regir la denominada ley contra la especulación inmobiliaria.
En concreto, la normativa establece que quienes se hagan con una vivienda con un valor oficial de hasta 512.000 euros, tendrán que vivir durante los cuatro años siguientes a la compra en ella, antes de poder arrendarla.
Según lo señalado por la Municipalidad de la ciudad europea, esta propuesta sirve para proteger al 60% de las viviendas en propiedad, de manera que no caigan en manos de grandes inversores.
Se estima que una de cada tres viviendas de la ciudad pertenece a inversores privados. Con estas medidas, por tanto, la idea es poder hacer frente a la constante alza de precios para comprar y arrendar una vivienda, y la escasa oferta de inmuebles disponible.
En los últimos siete años, el costo de poseer una vivienda en la ciudad se ha más que duplicado, alcanzando un valor medio de unos 600.000 euros. Por su parte, el arriendo ronda una media de 1.466 euros al mes.
La medida establecida en Ámsterdam no es la primera ley en esta línea que se implanta en la ciudad. En 2022, Ámsterdam ya incluyó un régimen de residencia obligatoria para viviendas de obra nueva. Entre los puntos clave de dicha reforma, se recogía en el contrato de arrendamiento la prohibición de alquilar.