ONG denuncia que gobierno de Piñera aumentó ilegalmente cuotas pesqueras de merluza

La organización internacional Oceana informó este martes que acudió a la Contraloría General de la República, luego de verificar que, durante la administración de Sebastián Piñera, se aumentó ilegalmente las cuotas de pesca, establecidas por el Ministerio de Economía, para las especies merluza austral, merluza común y congrio dorado, todas en estado de sobreexplotación.

En su estudio, la ONG denuncia que “las cuotas decretadas por la autoridad se hicieron sin la información científica necesaria, modificando los criterios de riesgo y, por lo tanto, pasando por encima de las consideraciones científicas y del principio precautorio de la Ley de Pesca”.

Además, en voz de Javiera Calisto, directora legal de Oceana Chile, acusan que “al estudiar los antecedentes de estas pesquerías detectamos que se estaban pasando por alto las recomendaciones de los científicos independientes, cuestión que es preocupante, sobre todo por el estado frágil en que se encuentran estas especies”.

Además, Oceana reveló que durante el año 2018 el Comité Científico Técnico recomendó una cuota de 14.800 toneladas anuales para 2019, pero el Comité de Manejo (organismos consultivos y asesores de la autoridad pesquera), modificó el criterio de riesgo sin proporcionar antecedentes científicos, obteniendo una cuota mayor que ascendió a 19.537 toneladas.

Y en ese sentido, sin tomar en cuenta la resolución del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que estableció que el incremento de la cuota global de pesca de merluza austral de 2019 fue ilegal, en el año 2020 el Comité de Manejo volvió a cambiar arbitrariamente el porcentaje de riesgo para obtener una mayor cuota.

“Esperamos que la Controlaría instruya a las autoridades del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca en cuanto a que cualquier cambio en la determinación de las futuras cuotas se haga cumpliendo con la ley, en vinculación con los comités científicos y la asesoría de los Comités de Manejo sin olvidar que el fin último de la normativa es garantizar la sostenibilidad de las pesquerías”, declaró Javiera Calisto.