Se reafirma la urgencia de avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú

La semana pasada se realizó en Quito, Ecuador, el primer foro Sobre Defensores Ambientales para el Acuerdo de Escazú. En la instancia, en la que Chile volvió a tomar un rol relevante luego de 4 años de silencio, ahora como país miembro y convocante, se hizo evidente la urgencia de avanzar en la implementación de medidas para asegurar la protección de quienes defienden los derechos humanos y el territorio.

Fueron dos jornadas en las que, con dolorosos testimonios, el llamado reiterado fue a seguir incidiendo para que todos los países de la región se hagan parte. “Este Acuerdo de Escazú es nuestro machete, es nuestra herramienta. Lo debemos impulsar en todos los Estados y tenemos que obligar a todos los gobiernos para que lo ratifiquen, lo aprueben, para que nosotros podamos seguir defendiendo la vida”, señaló Bernardo Caal, líder del pueblo Maya Q’qeqchí de Guatemala, al hablar con esperanza respecto a las potencialidades de esta herramienta. “Yo no quiero que más personas defensoras y defensores de los bienes de la vida enfrenten la criminalización como me tocó enfrentar, aparte de mi persona, en mi familia”, sentenció con la voz quebrada el defensor, quien estuvo más de 4 años en la cárcel por defender el agua frente a la instalación de 7 grandes hidroeléctricas.

Otro desgarrador testimonio fue el de Zulma Ulcué Tamayo, indígena del pueblo Nasa de Colombia, quien entre lágrimas relató la situación que en este momento se vive en la selva de su país y que la espera a su retorno, donde las Farc han causado la muerte de más de 20 personas y obligado el desplazamiento de 35 familias, 74 adultos y 57 niños.

“Nos volvemos a un territorio donde la violencia no para, donde sabemos claramente quiénes nos están asesinando, quiénes nos están matando. Tiene que ver con la disputa del territorio, pero también hay intereses de extracción a nuestro territorio; las empresas petroleras, están en la zona, nos siguen invadiendo”.

“Todo esto nos lleva a pensar que estos acuerdos, el Acuerdo de Escazú, debe realmente ser efectivo y operativo para las comunidades, que no solamente eso quede en un documento bonito que construimos, si no que realmente junto con ello se asuman responsabilidades”, llamó Zulma.

Desde Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Constance Nalegach, señala “Esta instancia es una entre varias que se deberán realizar para escuchar las demandas y propuestas de quienes defienden nuestro medio ambiente. En particular, el Primer Foro Anual fue una instancia abierta a la participación virtual y presencial de personas defensoras, donde se escucharon dramáticos testimonios pero, además, propuestas para revertir una situación muy grave en América Latina y el Caribe”. Sobre acciones a futuro, agregó que “Cada Estado parte tiene la obligación de, sobre todo, prevenir ataques, amenazas e intimidaciones. A nivel regional, con la cofacilitación de Ecuador, Saint Kitts and Neves y Chile, esperamos contar con un plan de acción al 2024”. 

Implementación con y para las y los defensores del medio ambiente

Pese a las palabras de esperanza que se elevan en torno al tratado, también existió un fuerte llamado de atención a los países parte para que hagan un mayor esfuerzo para asegurar la participación de las y los defensores ambientales en instancias como estas, y a comprometer el financiamiento necesario para la gobernanza del acuerdo; reclamo que también llegó a los mecanismos de financiamiento internacionales para aplicar los estándares del Acuerdo de Escazú en la evaluación de los proyectos que llevan a cabo y/o que apoyan.

Para Bárbara Astudillo, defensora ambiental chilena de Petorca y Protege los Molles, quien llegó al foro gracias al aporte de solidario de tres organizaciones mapuches y 20 personas naturales, “este foro era para que buscáramos las maneras de implementación desde y con los territorios desde una mirada de la realidad”, sin embargo, agrega, “tuve que recurrir a este mecanismo de solicitar ayuda a las comunidades con las que hemos trabajado y apoyado en la democratización del conocimiento, porque en nuestro país a quienes hacemos activismo, defensa de los elementos vitales de la naturaleza, se nos da un veto laboral y que lamentablemente no nos permite contar con recursos, con financiamiento, en los espacios en que debemos estar incidiendo”.

Respecto al rol que debería tomar el Estado de Chile, Bárbara señala “hay que desplegarse, hay que contar con un fondo de implementación y también formular un presupuesto política pública para dar a entender y comprender lo que es el tratado de Escazú, que es una mochila de herramientas para temas tan cruciales como la justicia ambiental en un contexto de crisis climática”.

Por su parte, Uriel González, activista ambiental por el agua y quien también logró asistir desde Chile, valoró la instancia “Es importante porque no estamos solos. Lo que nosotros pensamos que pasa en Chile, está agravado en otros países de Latinoamérica. Participar en el encuentro nos hizo entregar mucha solidaridad, pero también recibirla a través de una lucha ambiental en la cual tenemos hermanos en todos los rincones del planeta, ya que la naturaleza no reconoce fronteras”.

Sobre la situación de Chile en la protección de las y los defensores ambientales, señaló “en el contexto de Latinoamérica, Chile tiene varias cosas al debe e importantes de incorporar ahora que adhirió al Acuerdo de Escazú. Una de ellas es poder llevar adelante un sistema de protección integral de defensores y defensoras ambientales que, junto con organizaciones, pueda hacer una diferencia en la situación actual, en la que no hay mayor avance judicial en los casos que se han denunciado, ni tampoco la visibilidad que estos requieren cuando se han producido amenazas, agresiones, secuestros o incluso la muerte de activistas ambientales”.

Desafíos para la implementación

Desde la Red Latinoamericana para el Acuerdo de Escazú, plataforma que agrupa a organizaciones de toda la región que desde el año 2012 han trabajado para la creación, ratificación y ahora implementación del Acuerdo de Escazú, abogan para que se amplíen los espacios de participación, tomando en cuenta especialmente las brechas digitales que enfrentan quienes viven alejadas y alejados de las grandes ciudades.

“Sin lugar a dudas, el rol de la ciudadanía ha sido fundamental, siempre quienes hemos trabajado este tema del Acuerdo de Escazú, hemos mencionado que la ciudadanía, el público, es el corazón del Acuerdo de Escazú y sin lugar a dudas, así seguirá siendo durante toda su implementación, que será la más difícil, la más retadora” señala Vanessa Torres, abogada de la organización Ambiente y Sociedad de Colombia.

Sobre el futuro del Acuerdo, para Torres, el objetivo es claro: establecer estándares para cada uno de los pilares del Acuerdo, según las necesidades de cada país, pero siempre con la claridad de que el acceso a la justicia, la participación, información y seguridad de defensores ambientales, están entrelazados y por lo tanto, no pueden funcionar el uno sin el otro. “Creo que hay dos conceptos claves que enmarcan el futuro del Acuerdo de Escazú, estos son: por supuesto, la cooperación, no solamente en el sentido de contar con los recursos que nos van a garantizar la implementación del Acuerdo, sino también una cooperación entre los países, que permita el segundo concepto, que es el fortalecimiento de capacidades. Es que desde las lecciones aprendidas que, por ejemplo, yo he tenido en mi país, puedo aportarle a otros países para que no se cometan los mismo errores o que por el contrario, se garanticen estándares más fortalecidos en materia de los diferentes derechos de acceso”, puntualiza.

Representantes del público y próximas fechas importantes

En el Foro también se presentó a los nuevos representantes del público, quienes fueron elegidos en elecciones realizadas a través del mecanismo público para el Acuerdo de Escazú administrado por Cepal, instancia que está a cargo de la secretaría técnica del tratado. La nueva camada de representantes está compuesta por Joara Marchezini de Brasil, Mijael Kaufman de Argentina, Cesar Artiga de El Salvador, Irene Murillo de Costa Rica, Nicole Leotaud de Trinidad y Tobago, y Bishnu Tulsie de Santa Lucía, quienes tendrán la misión de continuar el trabajo iniciado por Andrés Napoli de Argentina, Andrea Sanhueza de Chile, Danielle Andrade de Jamaica, Karetta Crooks de Santa Lucía, Tomás Severino de México, y Natalia Gómez de Colombia.

Además, en esta etapa de implementación, el acuerdo contempla una nueva instancia denominada “Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento” el cual tiene abiertas sus postulaciones hasta el 15 de diciembre y busca concertar a 7 profesionales ad honorem que puedan hacer recomendaciones y seguimiento a las partes para la incorporación de los principios del tratado. Los primeros integrantes del Comité se elegirán en la Conferencia de las Partes de abril de 2023, en Argentina.

“La invitación para todos y todas quienes seguimos este proceso, es a estar muy atentos a los diferentes espacios donde se está implementando el Acuerdo. La participación es la base del Acuerdo, no solamente es uno de los derechos que se regula, sino, debe ser el centro en toda la fase de implementación”, agrega Vanessa Torres.

Esta nota fue realizada en alianza con ONG Fima, y fue escrita por Constanza Dougnac.