“Agua de rechazo” de desaladoras que podría convertir la solución en un problema costero

Por: Maria del Mar Parra | Publicado: 06.04.2023
“Agua de rechazo” de desaladoras que podría convertir la solución en un problema costero Plantas desaladoras / Foto: imágen referencial
Descargas de agua con salmuera y químicos, demanda de energía y la falta de información y normativas para exigir estándares ambientales son algunas de las falencias encontradas por un estudio de la ONG FIMA sobre la desalación de agua, un proceso cada vez más común en el país.

Casi toda la demanda de agua potable de comunas como Antofagasta o Mejillones se provee a partir de agua desalada. En Chile existen 30 plantas desaladoras en operación o en proceso.

Un informe de la ONG FIMA identifica los impactos negativos que tiene la desalinización en los ecosistemas y modos de vida costeros, y propone cambios normativos para que esta solución a la crisis hídrica no genere un problema mayor en las costas del país. 

Uno de los impactos identificados en el proceso de desalación es que genera un “agua de rechazo” que contiene las sales y químicos utilizados para el proceso, y que es generalmente liberada al océano, sin que exista claridad sobre los impactos que puede tener a largo plazo en los ecosistemas costeros, ni los impactos acumulativos con otras amenazas que sufren estos ecosistemas. 

Además de los impactos que tiene cualquier proceso de construcción de infraestructura en un ecosistema costero, como la fragmentación de hábitat o el impacto de los ruidos en la flora y fauna, se identifica la mayor demanda de energía por parte de las plantas desalinizadoras, por lo que es importante hacer un estudio de las fuentes de energía en el territorio en que se instalarán las plantas. 

Investigar y mejorar

El estudio propone incentivar más investigaciones sobre los efectos que tienen las desaladoras en los ecosistemas costeros, para poder planificar territorialmente los mejores lugares donde pueden ubicarse.

Además, recomienda afinar la normativa para que las plantas desalinizadoras deban atravesar por norma una evaluación de impacto ambiental donde se les exija estándares para la disposición de aguas de rechazo.

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