El capítulo sobre medio ambiente redactado por la Comisión Experta en el proceso constitucional había sido uno de los más criticados, por el casi nulo avance que significaba para la protección ambiental, en un contexto de crisis climática que azota al país.
Tras varias enmiendas, el texto propuesto logró algunos acuerdos que dejaron conformes a los representantes oficialistas en la comisión.
El experto en derecho ambiental y constitución, Ezio Costa, felicita algunos avances pero resalta la necesidad avanzar mucho más, llamando a que el Consejo Constitucional reciba las iniciativas populares que serán presentadas desde organizaciones de la sociedad civil para reforzar el aspecto ambiental.
¿Hay una mejora en materia ambiental con respecto al primer borrador presentado?
Lo que se está aprobando en la Comisión Experta es una mejora respecto de la Constitución actual, pero se encuentra muy lejos del estándar de la propuesta del 2022, que fue reconocida por su alto estándar de protección ambiental.
Hay mejoras evidentes en relación a lo que se había propuesto en el primer borrador, en que prácticamente no había normas de protección ambiental.
Ahora hay una inclusión de los deberes del Estado y de las personas para la protección ambiental. También se reconoce el agua como bien nacional de uso público, que es muy relevante, y una actualización del derecho humano al medio ambiente, que está en línea con lo que es reconocido internacionalmente.
¿Qué vacíos identificas?
Me parece que incorporar una defensoría de la naturaleza era una necesidad. En términos institucionales, la creación de una agencia nacional de aguas y de organismos de gestión de cuenca eran cosas que deberían haberse incorporado.
También hizo falta la idea de la protección de la naturaleza por su propio valor, y por lo tanto de los derechos de la naturaleza, y además un mayor desarrollo en términos de educación ambiental, que es un aspecto que históricamente se ha dejado de lado.
¿Se pueden revertir en lo que queda del proceso?
Lo que vamos a hacer desde organizaciones ambientales como FIMA, es presentar iniciativas populares en los procedimientos de participación ciudadana que existen, para mejorar este texto.
Creemos que va a haber un apoyo de la ciudadanía para mejorar este aspecto y esperamos que el Consejo Constitucional responda a esas solicitudes y las integre.
En el proceso constitucional anterior, tuvimos buenas propuestas que venían de la ciudadanía y algunas fueron incorporadas en el texto.
Lo que está proponiendo la Comisión Experta corre el cerco con respecto a la Constitución actual, pero creemos que ese avance tiene que ser mucho mayor y esperamos que esto se refleje en las iniciativas populares y que las y los consejeros las incorporen.