El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta está recibiendo esta semana las pruebas que sostienen la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que acusa a las mineras Escondida (BHP), Zaldívar (Antofagasta Minerals) y Albemarle de causar un “daño ambiental irreparable” en el Salar de Atacama.
El equipo del CDE presentó informes de la Dirección General de Aguas y de la Superintendencia de Medio Ambiente, “quienes verificaron mediante fiscalizaciones en terreno la disminución hídrica en la zona como consecuencia de un efecto combinado de las extracciones realizadas por las tres compañías mineras”, explican desde el CDE.
En los próximos días se seguirán presentando antecedentes documentales de otros organismos como el SAG y el Ministerio de Medio Ambiente, además de la declaración de 35 testigos. La demanda se acumula a una acción legal presentada por la Comunidad Indígena Atacameña de Peine y la participación del Consejo de Pueblos Atacameños.
Foto: Consejo de Defensa del Estado
El hecho que se acusa es la extracción continua e ilegal de agua del acuífero Montuarqui-Negrillar-Tilopozo, afectando la biodiversidad y la capacidad de regeneración del ecosistema, además de las vegas altoandinas de Tilopozo y los ecosistemas acuáticos de las lagunas La Punta y La Brava, que albergan organismos extremófilos escasos y únicos en el mundo.
También se toma en cuenta el impacto relevante a los modos de vida y costumbres ancestrales de comunidades indígenas que habitan el sector. Ya en los últimos años, la SMA había formulado cargos por afectación a la cuenca contra las cuatro mineras que funcionan allí: Escondida, Zaldívar, Albemarle y SQM.