En temas mineros, el 2024 empieza con la entrada en vigencia del royalty minero, que recauda un impuesto a la gran minería y lo distribuye directamente a comunas mineras y otros municipios y gobiernos regionales, para impulsar el desarrollo local.
La aprobación en agosto de 2023 de la ley que establece este royalty, es calificada como uno de los principales hitos del año para el sector, según destaca la fundación Terram en el capítulo sobre minería de su Balance Ambiental 2023.
Sin embargo, alertan que uno de los tres fondos creados a partir de este royalty, el de Comunas Mineras que se destina a 23 municipios, podría estar subsidiando con US$ 55 millones los impactos ambientales de la minería, que deberían ser cubiertos por la misma industria y no por fondos recaudados por concepto de impuestos. Así lo explica el investigador de Terram y redactor del capítulo, Telye Yurisch.
Otro hito minero, calificado dentro de lo mejor del 2023 según Terram, fue el rechazo al polémico proyecto minero portuario Dominga, que fue celebrado por el mundo ambiental, pero rápidamente opacado luego de que se aprobara unos meses después la ampliación de la minera Los Bronces en la cordillera entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Desde Terram, marcan este último hito como el “quiebre definitivo entre las promesas y compromisos de Gabriel Boric con el mundo ambiental”.
“Minerales de transición”
Otro hito destacado en el capítulo es la presentación de la Estrategia Nacional del Litio, que pone a Chile otra vez en el centro de atención de los grandes centros industriales globales, ya que se ofrece para suplir la creciente demanda de minerales necesarios para la transición energética como el litio, el cobre y las tierras raras.
La Estrategia establece 8 ejes de trabajo para la industria del litio en el país, entre los que Terram destaca la creación de una Red de Salares Protegidos, a través de la cual se promete proteger al menos el 30% de la superficie de los 63 salares y lagunas salinas presentes en Chile, ya que hasta ahora solo el 7,5% de su superficie está bajo protección oficial.
Sin embargo, un reportaje de Terram reveló que hay mucha propiedad minera constituida sobre salares, que podría obstaculizar la protección de ellos. Por esto señalan la necesidad de que el Gobierno explicite qué sucederá con estas concesiones. Según el reportaje, sólo en la comuna de San Pedro de Atacama, en Antofagasta, 63% de la superficie de los salares ya cuenta con concesiones de explotación minera.
Yurisch también recuerda en el capítulo los diálogos participativos organizados por el Gobierno para la Estrategia Nacional del Litio, que se celebraron en ocho ciudades en el centro norte del país y “generaron dudas en la sociedad civil sobre el alcance de su participación y el carácter vinculante de los temas de importancia que se están levantando en el proceso”. Además, señala que los diálogos no cumplieron con los estándares de participación que exige el Acuerdo de Escazú.