Desde diciembre de 2023, un grupo de diputadas y diputados se encuentran analizando las actuaciones de servicios públicos en relación a una empresa sanitaria que, según se cree, ha provocado problemas sanitarios y ambientales en cinco regiones del país: Aguas de San Isidro.
La comisión tiene 60 días hábiles para emitir un informe sobre cómo actuaron los servicios públicos ante las denuncias, que van desde la mala calidad del agua potable y cortes de servicio, hasta episodios de materia fecal que se traslada con el viento y muertes de peces en humedales.
La sanitaria entrega servicios a más de 30.000 clientes en las 14 concesiones que tiene en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. Según los diputados que solicitaron crear una comisión investigadora, los casos no solo develan un servicio deficiente sino la descoordinación de organismos públicos al fiscalizar las distintas situaciones.
Cúmulo de denuncias
Uno de los casos más escandalosos ligados a la sanitaria es el de Labranza en La Araucanía, donde vecinas y vecinos denunciaban algo que describen como “lluvia de caca”: fragmentos de lo que podría ser materia fecal u otra sustancia contaminante de la planta de tratamiento, que vuela con el viento y ensucia constantemente las casas y ropas de las personas.
El hecho ocurrió durante algunos días en 2019, sumándose a otras denuncias por mala calidad del agua potable e incluso enfermedades gastrointestinales. En 2020, la Supreintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), exigió a la empresa implementar un plan de trabajo para mejorar el servicio en la zona, pese a lo cual vecinas y vecinos siguen reportando deficiencias.
En Pichidangui, más de mil familias se vieron afectadas por problemas de calidad de agua que según reportes de vecinas y vecinos salía salada de las llaves de las casas. Ante las denuncias, la autoridad sanitaria de Coquimbo testeó el agua y confirmó en enero de 2023 que no era apta para consumo humano. Desde entonces, la Seremi de Salud de la región implementó un plan de vigilancia constante sobre el agua.
Otro caso emblemático es el de Los Molles, donde durante los últimos veranos al aumentar la población flotante, se dan episodios de muerte masiva de los peces que habitan el humedal costero. Vecinas y vecinos apuntan a problemas en el tratamiento de las aguas realizado por la sanitaria en temporada estival.
En enero de 2023, al constatar la muerte de peces denunciaron la situación a la SISS, pero antes de ver resultados, tuvieron que poner otra denuncia ya que se repitió el fenómeno en enero de este año. El hecho se suma a cortes de agua potable ocurridos ese mismo mes, por lo que en los últimos días desde la SISS congelaron el aumento de tarifas agendado por la empresa y declararon estar evaluando si es pertinente retirarle la concesión.
Así, la empresa acumula un historial de sanciones y multas millonarias por mal tratamiento de aguas e incluso por verter aguas servidas a cuerpos de agua.