Barrick Gold es una minera canadiense conocida en Chile por el daño que generó su proyecto Pascua Lama en los glaciares y cursos de agua de la alta cordillera entre Argentina y Chile. El proyecto fue clausurado en 2020 por la justicia chilena al constatar el daño ambiental, multando a la empresa por US$ 9 millones.
Por eso generó alerta en las comunidades de Alto del Carmen en la región de Atacama, el anuncio de que el grupo Luksic se asoció con Barrick Gold presentando un proyecto minero cuya evaluación ambiental terminó anticipadamente por problemas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por los titulares.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) retiró el proyecto de evaluación debido a “falta de información relevante o esencial no subsanable mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones”, que imposibilitaba evaluar correctamente los impactos ambientales que tendrá el proyecto y las medidas propuestas para mitigarlo.
Pero algo más llamó la atención de abogados ambientales al conocer el proceso truncado, y alertan que se trata de un suceso que podría consistir en tentativa de delito bajo la nueva ley de delitos económicos y ambientales.
Ocultar información relevante
En la DIA elaborada por las empresas titulares del proyecto, se adjunta la foto de un jilguero cordillerano muy joven, que se habría avistado en la zona de influencia del proyecto.
Al lado de la foto, se adjunta un comentario que dice textualmente “Se recomienda sacar del apéndice la foto de este volantón (individuo juvenil), puesto que implica a que correspondería a un sitio de nidificación y pasa a ser un hábitat de relevancia”.
El comentario, que fue señalado como una de las irregularidades por parte del SEA, parecería estar sugiriendo ocultar información ambiental relevante sobre los impactos del proyecto para no tener que tomar medidas de protección de la especie.
El abogado ambiental Ezio Costa destacó el caso en redes sociales, opinando que sugiere al menos una “tentativa de delito”. “Esta manipulación de información hoy es delito. Fue introducido por la ley de delitos ambientales en la ley 20.417. Sería buena oportunidad para que la Superintendencia de Medio Ambiente lo tome y se querelle, dada la evidencia”, publicó en sus redes el abogado.
En efecto, la ley citada establece sanciones de presidio menor y multas de entre 100 y 1000 UTM a quienes presenten maliciosamente información que oculte el impacto del proyecto en la evaluación ambiental, de forma que pueda conducir a una incorrecta aprobación del permiso ambiental.