El derecho a la ciudad nuevamente fue negado

El sábado 23 de marzo de 2019, veinte mil personas de familias sin casa, organizadas en comités de vivienda y movimientos de pobladores, nos reunimos en Plaza Italia en Santiago, para marchar exigiendo que la vivienda y la ciudad sean reconocidas como derechos sociales que el Estado debe garantizar.

La marcha contaba con autorización de Intendencia. Sin embargo, el gobierno prefirió cerrar la Alameda para facilitar la movilidad en automóvil de los asistentes al Foro de PROSUR e instalar un contingente exagerado de fuerzas especiales de carabineros, con carros blindados y lanza agua, en Portugal con la Alameda, para impedir por la fuerza el normal desarrollo de la marcha familiar.

Vale decir, respondió a la marcha social por la vivienda y la ciudad, desconociendo su palabra, cerrando la Alameda y enviando a la policía militarizada a provocarnos.

Reconociendo el enorme error político, la intendenta destacó públicamente la alta convocatoria de la marcha, su carácter pacífico y la responsabilidad de sus organizadores (que evitamos el enfrentamiento de las familias con carabineros). Sin embargo, el autoritarismo e irresponsabilidad del gobierno no solo nos expuso a las 20.000 personas y a familias con niños a una potencial situación de violencia, sino que, al obligarnos a avanzar por avenida Portugal al sur, bloqueó todos los accesos a la Postal Central, incluida su urgencia por cerca de una hora.

Todo esto solo para mantener la Alameda cerrada y permitir la libertad de movimiento en sus lujosos automóviles a los asistentes a dicho foro, esto es, garantizar un absurdo privilegio de unos pocos a costa de la negación de derechos y exposición a la violencia a las grandes mayorías y ciudadanos.

Repudiamos la falta de seriedad del gobierno que primero autoriza la marcha y luego, a última hora, la desautoriza. Denunciamos la irresponsabilidad de éste por disponer a las fuerzas de carabineros en actitud provocadora ante miles de familias con niñas y niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Reiteramos nuestra exigencia de que la vivienda y la ciudad sean reconocidas como un derecho social que las autoridades deben garantizar y no negar.

Finalmente, constatamos que ningún medio de comunicación masivo se hizo presente en la marcha ni informó posteriormente a la sociedad de este hecho. No queremos creer que esta omisión, este silencio, este ocultamiento, se debe a que somos familias pobres; mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños de poblaciones; trabajadores de bajos ingresos. No lo queremos creer, pero lo creemos. Los medios de comunicaciones dedican horas en sus noticiarios a mostrarnos como “usuarios”, “beneficiarios”, “consumidores” pero no informan de nuestras organizaciones y movilizaciones que se encuentran en un momento de alza histórico. Vale decir, se comportan como meros medios de propaganda de un gobierno irresponsable y autoritario que niega derechos a las mayorías para defender el privilegio de unos pocos.

Somos decenas de miles de familias organizadas en comités de vivienda y movimientos de pobladores exigiendo que la vivienda y la ciudad sean un derecho para todas y todos, es decir, que su acceso se democratice, esto es, que el Estado y la sociedad sean más democráticos para toda la sociedad chilena. Exigimos respeto.

Firman:

Movimiento Pobladores Ukamau

Federación Nacional de Pobladores

Metropolitana de Pobladores

Movimiento Solidario Vida Digna

Movimiento Pobladores Vivienda Digna

Pintana Solidaria