Trabajo Sexual es Trabajo

Las mujeres trabajadoras sexuales hemos sido un grupo históricamente relegado del reconocimiento y el goce de derechos, especialmente del derecho al trabajo, entendido como un trabajo libremente escogido, aceptado y decido por nosotras mismas. No se considera el derecho al trabajo sexual de modo legal e institucional así poco tampoco se garantizan condiciones mínimas para que las mujeres trabajadoras sexuales seamos respetadas como trabajadoras (sexuales) remuneradas.

Recientemente, autoridades municipales, impulsan a través de la prensa la posible existencia de un “barrio rojo” para las trabajadoras sexuales, haciendo parecer esta medida como un reconocimiento de existencia y derechos pero en la práctica estigmatizando a las trabajadoras sexuales y retrocediendo en el debate público que aborde profundamente la urgencia de garantías legales e institucionales de las mujeres trabajadoras sexuales en Chile. Más que barrios rojos, las mujeres trabajadoras sexuales demandamos derechos y garantías, no aislamiento y más discriminación, porque el trabajo sexual es trabajo.

La regulación del trabajo sexual, no así el “barrio rojo”, es una demanda sentida de las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe, incluyendo a las mujeres trabajadoras sexuales agrupadas en Chile. En nuestro país, la exigencia de regular y/o legalizar el trabajo sexual entre mujeres trabajadoras sexuales adultas nació a partir de la creación de la Asociación Pro Derechos de la Mujer Ángela Lina APRODEM en 1993 y se ha mantenido en el tiempo con la labor de incidencia pública – política del desaparecido Sindicato de Trabajadoras Independientes Ángela Lina y nuestra actual Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer.

“Nos asiste el derecho a contar con las mismas garantías que las otras personas que ejercen cualquier otro trabajo, sino también porque al ubicarnos en un nivel desigual respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras, padecemos maltrato, violencia, precarización de las condiciones laborales y discriminación que no se corresponden con los compromisos que los Estados de la Región han asumido para defender y garantizar el ejercicio de los derechos humanos a toda su población”, señala el documento titulado “5 razones por las cuales el trabajo sexual debe ser regulado” de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, REDTRASEX, publicado en el año 2015.

Disponer de un marco regulatorio de garantías legales para las mujeres trabajadoras sexuales produciría una mayor igualdad social así como también una mejora en la calidad de vida de las mujeres que hemos decidido libremente ejercer el trabajo sexual, enfrentando más eficazmente situaciones de estigma, discriminación, persecución y marginación social, cultural y económica.

“Somos adultas y protagonistas de nuestras vidas. Decidimos ejercer este trabajo en el marco de las posibilidades laborales con que contamos”, señalamos las trabajadoras sexuales agrupadas en la REDTRASEX, organización que agrupa a 14 países se la región, agregando que “no hemos sido obligadas, ni engañadas por terceras personas para tomar nuestra decisión. Lo hacemos en ejercicio de la autonomía que tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra libertad”.

“Nuestra decisión tiene que ser respetada, para ello debemos contar con un marco regulatorio que reconozca derechos y establezca obligaciones para nuestra actividad”, reafirmamos en el importante documento político e ideológico de las mujeres trabajadoras sexuales organizadas en Latinoamérica y el Caribe, única organización en el mundo que reúne a un tan significativo colectivo de trabajadoras sexuales.

En un marco del respeto a la igualdad entre todas las personas, el trabajo sexual debe tener garantizadas las mismas condiciones laborales que tienen otras u otros trabajadoras/es autónomas/os. El trabajo sexual conlleva derechos y obligaciones que para su implementación requieren de una regulación legal. La falta de estas regulaciones aceptadas, comprendidas y respetados por todos y todas permitiría ejercer el trabajo sexual en un pie de igualdad con respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras. Ese ha sido nuestro impulso para organizarnos y luchar. Lo sigue siendo en la actualidad.

“Las mujeres trabajadoras sexuales prestamos un servicio a cambio de un pago en dinero. No vendemos el cuerpo, nosotras realizamos un servicio sexual a cambio de una cancelación como podría ocurrir en otro tipo de transacciones comerciales”, señala la dirigenta social Nancy Gutiérrez, presidenta de Fundación Margen.

“No es justo ser consideradas ciudadanas de segunda. Sin la debida regulación se nos estigmatiza y discrimina. Como mujeres y como trabajadoras tenemos derecho al reconocimiento, ejercicio y protección de todos los derechos humanos”, señalamos a través del citado documento público la REDTRASEX, agregando que “habitualmente se nos vulnera el derecho a la libertad, al trabajo, al ejercicio del mismo en condiciones dignas, a sindicalizarnos, a la seguridad personal, a la intimidad, a la seguridad social, a la vivienda, entre muchos otros, con lo que se pone en serio riesgo nuestra integridad física, psíquica y moral”.

El hecho de no ser sujetas de derechos expone a las mujeres trabajadoras sexuales a una serie de situaciones de discriminación y desigualdad. En efecto, al solicitar algún servicio de salud en instituciones del Estado es frecuente, denunciamos, escuchar discursos moralistas en relación al trabajo sexual que realizamos y muchas veces se les señala, aconseja e indica lo necesario que sería “cambiar de vida”.

“Es imprescindible considerar este trabajo desde una perspectiva de género y respetar nuestra autonomía como mujeres trabajadoras sexuales. Con ello disminuirían las brechas de exclusión, no sólo al interior de nuestro país, sino que también en Latinoamérica y el Caribe. Con ello podremos gozar de un desarrollo individual y social pleno e igualitario en todas las esferas de la vida, tal como lo establecen las convenciones internacionales suscriptas por nuestros países y como se ha demostrado en aquellos donde la regulación de la actividad existe, como en el caso holandés.

Nuestras demandas

Trabajando e incidiendo por una regulación del trabajo sexual que posibilite herramientas para luchar en contra de las condiciones de explotación, Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, junto a la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales REDTRASEX proponemos para América Latina y el Caribe:

-Que los Estados reconozcan el trabajo sexual como trabajo.

 –Que se derogue toda legislación que criminaliza al trabajo sexual porque facilita que se vulneren nuestros derechos.

 –Que las trabajadoras sexuales contemos con leyes y marcos regulatorios que garanticen nuestros derechos laborales y respeten nuestras elecciones.

 –Que seamos reconocidas como sujetas de derechos y obligaciones igual que cualquier otra trabajadora o trabajador.

 –Que las trabajadoras sexuales seamos respetadas en nuestra libertad y autonomía.

 –Que las trabajadoras sexuales vivamos una vida libre de estigma y discriminación.

 –Que los Estados cumplan sus obligaciones de erradicar la violencia institucional, física y social que pesa sobre nosotras como trabajadoras sexuales.

 –Que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a la salud de manera integral y una atención médica amigable, comprensiva y confidencial.

 –Que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a la vivienda, a los créditos, a la bancarización, a la seguridad social y a la jubilación.