Ley contra la violencia ginecobstétrica: Una necesidad urgente

En los últimos días, ha llegado a nuestro conocimiento como organización, por medio del diario online El Desconcierto , el caso de negligencia y violencia obstétrica del que fueron víctimas Norma Ortiz y su hija Antonella en el Hospital El Pino. A sus 27 años y cursando su cuarta gestación, Norma recibió un trato displicente y violento de parte de la profesional de salud a cargo, quien desatendió las señales de alerta que indicaban una inminente emergencia obstétrica de gravedad, considerándolas simplemente, una reacción exagerada al trabajo de parto. Esto retrasó el diagnóstico y tratamiento oportuno, dando como resultado el nacimiento sin vida de su hija y pérdida de su útero.

Este caso nos recuerda el testimonio de la familia de Romina Rojas, quien falleció pocos días después del nacimiento de su primer hijo en la Clínica Las Condes, producto de un tromboembolismo pulmonar que no se detectó a tiempo. A pesar de que Romina reportó dificultades para respirar y dolor torácico persistente después de la cesárea que se le practicó, el equipo a cargo atribuyó dichos síntomas a “problemas psiquiátricos” y no exploró la posibilidad de una complicación post operatoria.

Los conmovedores casos de Norma y Romina, así como el de Adriana Palacios y muchos otros, ponen en evidencia una y otra vez cómo la violencia de género sigue estando transversalmente presente en la atención de salud que reciben mujeres en maternidades públicas y privadas de nuestro país. Son habituales en relatos de violencia obstétrica las burlas y críticas que reciben mujeres de parte del personal sanitario al manifestar sentir dolor, incomodidad o miedo por su estado de salud o el de sus bebés. Estas emociones generalmente, no se toman en serio y son atribuidas a un supuesto estado emocional alterado, a estar “descontroladas” o ser “alharacas”.

Asimismo, esta discriminación se profundiza cuando se trata de mujeres pobres o migrantes como se evidencia en los casos de tres mujeres venezolanas  que denunciaron al Hospital San Borja Arriarán por recibir un trato xenófobo y negligente por parte del personal de salud, con resultado de muerte perinatal y graves secuelas permanentes en sus hijos.

Cuando no se considera a la madre como la protagonista de su propia gestación y parto, se desestiman apreciaciones, sensaciones, aprehensiones y preferencias que son indispensables para informar el proceso de toma de decisiones técnicas referentes a su salud y la de su bebé. La naturaleza jerárquica de la relación que habitualmente se establece entre profesional de salud y usuaria es incompatible con un reconocimiento real de su condición de sujeta de derechos y por ende, con brindar una atención de salud de calidad. Esto es lo que exigimos.

Alcanzar una atención del proceso reproductivo que universalmente, sea personalizada y respetuosa no sólo pasa por corregir aspectos técnicos, de infraestructura o recursos. Es fundamental que se incorpore una perspectiva de derechos y enfoque de género a la formación de profesionales de salud para que sean ellos y ellas quienes, a través de un proceso reflexivo profundo, puedan visibilizar estos sesgos que tiñen sus prácticas y las transformen en pos de una atención de salud más empática y compasiva que ponga a cada mujer individualmente, en el centro.

Actualmente, existen tres proyectos de ley ingresados en Cámara de Diputados que abordan el problema de la violencia ginecoobstétrica en sus distintas dimensiones. Ha sido un largo camino levantar estas iniciativas de ley, las cuales no cuentan con el apoyo de los gremios involucrados en la atención ginecobstétrica. En 2015, las diputadas Hernando y Carvajal presentaron por primera vez, un proyecto que abordaba este problema. El proyecto no avanzó, pero dio paso a que organizaciones de la sociedad civil elaboraran otra iniciativa, más completa, la cual contaba con apoyo de algunos parlamentarios. Lamentablemente, el día previo a su presentación formal y debido a presiones del Colegio de Matronas, el apoyo parlamentario fue retirado y el proyecto tampoco prosperó. Tras este enorme traspié, el Diputado Melo convocó una mesa de trabajo que dio como resultado un proyecto que busca modificar la Ley 20.584 de Derechos y Deberes del Paciente, incorporando un capítulo referido a los derechos de las gestantes, sus recién nacidos y acompañantes. Este proyecto fue presentado pero no ha avanzado en su trámite. Lo mismo ocurre con la iniciativa levantada por la Diputada Mix, que dio como resultado la llamada Ley Adriana. Este proyecto es bastante completo y aborda todas las dimensiones del problema de la violencia ginecobstétrica, desde la formación de profesionales hasta el establecimiento de derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecólogica y sexual. Todos duermen en el Congreso.

Debemos presionar a nuestros legisladores para que den curso al trámite de estas iniciativas, que son indispensables para asegurar el bienestar de las mujeres y el pleno goce de sus derechos. Como Parirnos Chile seguiremos dando visibilidad a este problema y voz a todas las víctimas de violencia de género en el ámbito de la salud. Por el bienestar de toda la sociedad, merecemos gestar, parir y nacer en dignidad y respeto.