A un año de la masiva intoxicación en las comunas de Quintero y Puchuncaví, la cual terminó con más de mil trescientas personas afectadas, las cosas no mejoran. Los varamientos de carbón en las playas y los micro derrames de petróleo en el mar son semanales. Hace solo un par de días, cuarenta y dos personas nuevamente presentaron síntomas de intoxicación. Todos ellos, hechos que confirman la situación de Emergencia permanente en la que viven miles de niñas, niños y familias.
Y es que es imposible entender cómo el Estado de Chile ha sometido por años a estas comunas por estar al servicio del empresariado ¿Quiénes son? ¿Dónde están los responsables? Han pasado décadas en silencio y es tiempo de sacarlos de allí. Duele el negacionismo encarnado fuertemente en las palabras de Luis Larraín, indigna la falsa conformidad del Intendente de Valparaíso y las mentiras del Ministerio del Medioambiente en relación a las supuestas medidas tomadas ante el fallo histórico de la Corte Suprema que reconoce que la población ha sido vulnerada durante años en tres derechos fundamentales.
Es evidente, sus compromisos no son creíbles, ni menos, suficientes. No podemos tolerar que sigan existiendo personas de primera y segunda categoría y nos movilizaremos hasta conseguir que no existan nunca más zonas de sacrificio en Chile. Es tiempo de exigir la verdad, sus bolsillos no nos quitarán el derecho a vivir.