Continúan las denuncias de un grupo de apoderados del Instituto Nacional respecto a las condiciones de asedio policial en que se mantiene el establecimiento, como respuesta de las autoridades a las manifestaciones de un sector minoritario de estudiantes en razón de la Ley Aula Segura.
Desde hace varios meses la presencia de efectivos de Fuerzas Especiales es permanente, con efectivos que ingresan periódicamente al colegio en procedimientos que los testigos describen como “allanamientos”, pues entrarían buscando menores, sin importarles el contexto educacional en que se encuentren. Los adolescentes señalan que los policías ingresan violentamente mientras están en clases o realizando actividades de recreación en los espacios comunes, dejando el lugar irrespirable por el gas lacrimógeno, golpeando y amedrentando a quien se encuentre por delante. Esto se haría sin advertir previamente, tal como lo indican los protocolos policiales.
Recordemos que aun se encuentra en tramitación un Recurso de Protección interpuesto por un grupo de apoderados y apoderadas de séptimo y octavo básico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que persigue “el cese del acto ilegal y arbitrario de Carabineros, que consiste en ingresar en forma violenta al establecimiento educacional, haciendo uso indiscriminado de gases lacrimógenos, afectando la integridad física y psíquica de los alumnos, impidiendo el normal desarrollo de clases y vulnerando los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del niño” según señala la abogada patrocinante, Alejandra Arriaza.
En el relato de los apoderados se puede apreciar el progresivo deterioro que ha tenido la salud de los niños expuestos a estas sustancias de manera reiterada, a nivel físico respiratorios, cutáneos y dolores de cabeza; y a nivel psicológico un estrés crónico y cuadros de ansiedad reiterativos. Denuncian que el personal policial reparte gas pimienta en las barandas del colegio y deja los espacios contaminados por días.
Además, los apoderados relatan que sus hijos son estigmatizados producto de la cobertura mediática que le han dado a las manifestaciones, ya que han sido acosados en el trayecto a su lugar de estudios por personas que los tildan de vagos, delincuentes y anarquistas por el mero hecho de portar la insignia del establecimiento.
En relación al Recurso de Protección, Carabineros solicitó prórrogas en tres oportunidades para responder a la contraparte. Actualmente los apoderados están a la espera que se ponga en tabla para proceder a los alegatos. Luego, la Corte de Apelaciones deberá dictar fallo de primera instancia, el cual puede ser recurrido ante la Corte Suprema.