La Superintendencia de Pensiones realizará modificaciones a las normas de carácter general relativas a los posibles conflictos de interés. Los cambios afectarán a las declaraciones que deben hacer los directores y gerentes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En específico serán dos reglas las que el ente fiscalizador ajustará con el objetivo de tener más control y seguridad respecto a las inversiones que este tipo de empresas realicen con los dineros de los cotizantes, de manera de poder evitar posibles irregularidades o delitos.
Según informó La Tercera, estos cambios extenderán la obligación de los ejecutivos de las AFP de informar sobre aquellas sociedades e inversiones que tengan en el país, incluyendo a aquellas que operen en el extranjero, deber que también tendrán los o las cónyuges de los directores y gerentes.
Además la obligación se aplicará también a altos ejecutivos de las Administradoras de Fondos de Cesantía (AFC), de forma tal que la medida modificará artículos del Compendio de Normas de Fondos de Pensiones y del Seguro de Cesantía.
En específico, según el citado medio, se deberá informar sobre todos aquellos «instrumentos financieros transados en mercados extranjeros y al resto de los instrumentos y operaciones susceptibles de ser adquiridos por los fondos: derivados, monedas y activos alternativos y extendiendo la obligación de informar, a sociedades extranjeras«.
Información reservada
Uno de los puntos importantes sobre la nuevo obligación que deberán cumplir los ejecutivos de AFP y AFC tiene que ver con que la información se entregará directamente a la Superintendencia de Pensiones. Es decir, no se realizará públicamente y los antecedentes serán reservados.
La nueva normativa lleva meses en elaboración por parte del ente fiscalizador y, si bien será presentada durante la jornada de este miércoles, comenzará su vigencia en marzo de 2022.