El Ministerio de Minería anunció el miércoles una convocatoria pública nacional e internacional para la suscripción de contratos especiales de operación que desarrollen la exploración y producción de yacimientos de litio en el país.
De acuerdo con el gobierno, mediante este proceso público, “competitivo y transparente”, buscan licitar y adjudicar Contratos Especiales de Operación (CEOL) por cuotas para producir un total de 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una, sin una ubicación geográfica específica.
A través de un comunicado, detallaron que las adjudicaciones serán por un plazo de 7 años -prorrogables por otros dos- para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán otros 20 años de producción. Así, las cuotas irán asociadas a una autorización de comercialización por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCCHEN).
Con ello el Estado busca lograr “facilitar el ingreso a empresas nacionales y/o extranjeras, impulsando la producción y apoyando el desarrollo de las nuevas tecnologías que habiliten la transición energética y el combate contra el calentamiento global, generando a su vez beneficios para el Estado”.
Así, relevaron que esta iniciativa complementaría el Contrato Especial de Operación (CEOL) ya otorgado a Codelco en el Salar de Maricunga, y la producción actual de empresas privadas en el Salar de Atacama mediante el arriendo de concesiones de CORFO.
El anuncio del gobierno generó rápidamente reacciones contra el Ejecutivo, apuntando a la decisión de poner en venta el recurso minero en las últimas semanas de su mandato , y ante la posibilidad de que el trabajo de la Convención Constitucional permita la nacionalización del litio, acusaron.
“Inmoralidad inaceptable”
En ese sentido, el diputado Daniel Núñez (PC) señaló que esta decisión “refleja la absoluta desesperación porque saben que estas son las últimas semanas que tiene la derecha de gobierno en Chile. Esto apunta a la privatización y desnacionalización de otra riqueza mineral más del país”.
Así también, advirtió que “vamos a buscar todos los mecanismos legales para oponernos a esta licitación, la que además hecha de forma como se está proponiendo a destajo”.
Por su parte, el economista Gonzalo Martner calificó la medida del Ejecutivo como “otra inmoralidad inaceptable que justifica la acusación constitucional contra Piñera”, acusando que es inaceptable que el gobierno, “que está en las últimas”, busque “amarrar” por 29 años 400.000 toneladas de litio.