Estudio BID: Chile en lo alto del ranking sobre inversiones público-privadas

Chile aparece junto a Brasil como los países de Latinoamérica que más capacidad tienen para movilizar inversiones privadas en infraestructuras a través de las asociaciones público-privadas, según un estudio encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe, que se elabora cada dos años junto a Economist Impact, la unidad de análisis del grupo The Economist, revela además que otros cinco países muestran un «alto rendimiento»: Uruguay, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica.

Brasil lidera con un puntaje general de 76, seguido de Chile con 75. Por ámbito, Chile marca 96 en Reglamentos e instituciones, 80 en Financiación, 75 tanto en Gestión de riesgos y seguimiento de contratos como en Evaluación de desempeño e impacto (ex-post).

El rendimiento de Chile es 61 en el tópico Sostenibilidad del proyecto. En este ámbito, Brasil registra 81.

Una vista del ránking de inversiones privadas en infraestructuras en el estudio encargado por el BID

El informe del BID subraya que los países de América Latina y el Caribe han dado «pasos significativos» en la creación de entornos propicios para el desarrollo de cooperación público-privada «eficiente y sostenible» en infraestructuras.

Las bases regulatorias e institucionales para el desarrollo de las inversiones están «en gran medida ya establecidas» en toda la región, según su informe publicado este miércoles, que considera que la atención debe centrarse ahora en mejorar la preparación de proyectos, su financiación y la gestión de riesgos.

Durante la presentación del estudio, el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, señaló que las asociaciones público-privadas representan una «gran oportunidad para expandir mercados, generar empleos y contribuir a la recuperación económica y el crecimiento de la región», además de que fomentan la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación.

El estudio también anima a los países a seguir trabajando por garantizar la calidad financiera y la viabilidad fiscal de los proyectos, y considera que deben dar más peso a la sostenibilidad, para que las infraestructuras que salgan de estas inversiones «superen las pruebas del tiempo y el cambio climático».