Royalty minero: Analista aboga por minuciosa revisión de mecanismos de uso del dinero fiscal

A días de la entrada en vigencia del Royalty minero, que se traducirá en una robusta inyección de recursos para las comunas, considerando que la recaudación anual estimada correspondiente al 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a un monto aproximado de U$ 1.350 millones, Francisco Castañeda, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, comparte relevantes apreciaciones al respecto.

«Esto formaba parte del paquete tributario inicial del gobierno, se había venido negociando en el Parlamento (y) fue zanjado en agosto 2023. Este nuevo esquema tributario deja exento de aplicar el royalty a la pequeña minería. Para las grandes mineras se determina este royalty como una combinación de tasas ad valorem y sobre el margen operacional minero, ambas influenciadas por el precio del cobre», detalla.

Según Castañeda, «dado que en la última década el precio del cobre ha estado relativamente alto, el gobierno ha requerido capturar parte de esta renta para financiar en parte su programa de gobierno».

Siguiendo con su análisis, agrega que «esta negociación para poder obtener una mayor tributación del sector minero radica en que estas empresas están en un sector altamente competitivo, lo cual implica también que el ritmo de nuevas inversiones se frene si las condiciones tributarias no son las adecuadas. La minería tiene un impacto del PIB sectorial del orden del 11-13% y, considerando sus encadenamientos productivos, esta podría alcanzar una cifra aún mayor«.

«Si no se cerraba esta negociación, la incertidumbre iba a frenar la inversión, por lo tanto creo que esta asegura recursos adicionales al Estado y, al mismo tiempo, le da tranquilidad a las inversiones del sector minero, sobre todo a los mega proyectos», complementa.

¿Cómo se controlan los dineros?

Respecto de este 0.45% del PIB, agrega que «se sabe que el tercio va a ir a regiones, a un Fondo regional para la productividad y el desarrollo, a un Fondo para la equidad territorial y al Fondo comunas mineras, lo que es finalmente allegar recursos para que el Estado lleve a cabo la descentralización».

Dicho esto, advierte que «independiente de la posición política, hoy destinar recursos a través de las gobernaciones regionales, y dada las bajas capacidades en administrar y asignar recursos que han demostrado tener (…) creo que sería solo una buena intención y merece ser analizado en profundidad, revisar minuciosamente los mecanismos de cómo se utilizarán estos recursos, de lo contrario vamos a tener problemas en el uso de los recursos del Fisco derivados de este tributo».

«Creo honestamente que aquí hay falta de expertise, falta de competencias adecuadas, lo que sumado a algunos actos particulares de mal uso de recursos públicos», asegura Castañeda, requiere que deba analizarse «en profundidad la forma de administración, ejecución y accountability de esta entrega de 450 millones de dólares», plantea.

Francisco Castañeda- Imagen cedida Universidad Mayor

«Hay una idea muy interesante»

«Ahí hay una idea muy interesante en este nuevo royalty en que las regiones mineras, donde está el mineral y reciben la actividad minera, a pesar de todas las medidas que se tomen para resguardar la salud y el medioambiente, siempre (se genera) algún daño y costos sociales», aclara Castañeda.

Y agrega que «estos 450 millones de dólares tienen preferencia para las regiones en la medida que su actividad productiva minera sea mayor que el 2,5% del PIB regional de las actividades regionales». En ese caso, «van a tener mayores recursos. Esto en otros países funciona hace tiempo. Las regiones donde están las mineras pagan impuestos adicionales en las regiones para compensar los costos y las externalidades negativas que causa la minería».

¿De qué manera debiera operar la fiscalización? «Creo que aquí hay dos cosas, es un logro del gobierno la aprobación de este nuevo royalty, porque no ha podido negociar en el Parlamento la reforma tributaria inicial propuesta que abarcaba 3,6% del PIB luego de un 0,5% de incentivos para inversiones (era inicialmente 4,1% del PIB). La discusión tributaria se ha sincerado y el gobierno ha sido pragmático, dado que la economía no crece. Esta es una buena noticia para el gobierno, porque este es un acuerdo con las grandes mineras que están dispuestas a este cambio tributario porque les permite viabilidad financiera, estabilidad y licencia social», asegura Castañeda.

Insuficiente fiscalización de Contraloría

«El segundo punto es que suena muy bien que un tercio de los recursos que se van a recaudar se va a destinar a descentralización, incluidos gobiernos locales y municipalidades. Nosotros sabemos que hay un control insuficiente de Contraloría, hay un control débil en el uso de los dineros fiscales en estos gobiernos regionales y municipalidades», advierte antes de profundizar en este ítem.

Y considerando que así lo hemos constatado durante los últimos meses en Chile, plantea que «es importante que el gobierno vaya proponiendo un proyecto de ley sobre el uso y la transparencia de estos recursos públicos y/o ajustes legales y normativos en el marco de acción de la Contraloría y la Dipres (Dirección de Presupuestos). Clarificar cómo va a ser esta relación, porque estamos hablando de 450 millones de dólares para los gobiernos locales y las comunas, no estamos hablando de una cantidad inferior».

«Es una cantidad importante de recursos que, bien asignados, deberían tener un rol descentralizador, hacer un upgrade en las PYMEs regionales, compensar a las comunidades locales como resultado de los riesgos por la sobreexplotación minera, (ver) cómo profundizar la transición energética de las PYMEs y cómo potenciar a la pequeña minería. Aquí se abre un abanico de posibilidades muy interesante», agrega.

Castañeda insiste en el rol fiscalizador requerido, apuntando además a que «el Estado ya cumplió su objetivo de aplicar un nuevo royalty que allegará más recursos al Estado, pero la sociedad necesita la seguridad de que estos recursos se gasten bien de acuerdo con los objetivos socialmente deseables».

«A lo mejor deberían asignarse mayores recursos financieros para la Contraloría», sugiere luego.

Por último, asegura que «es importante que la gente que está en el gobierno le manifieste a la ciudadanía quién presenta los proyectos, cómo va a ser el contrapeso, cómo será el uso de los recursos, por tanto nos falta mucho como país».