Ya han pasado dos años desde que se promulgó la Ley de Inclusión, uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno de Michelle Bachelet y que busca terminar con el lucro, el copago y la selección en el sistema escolar.
Entre los principales hitos que marcarán este 2017 en cuanto a la ley, está el hecho de que al 30 de diciembre de todos los sostenedores de los colegios que reciben recursos del Estado tienen que pasar a ser entidades sin fines de lucro. Actualmente actualmente ya más de la mitad del total -3.033 colegios- lo es o ha pasado a serlo.
La medida del fin al lucro ha tenido una serie de detractores, e incluso parlamentarios como Jaime Bellolio (UDI), Paulina Núñez (RN) y Rojo Edwards (independiente) han presentado un proyecto para revertir la prohibición a las transferencias a partes relacionadas en algunos casos.
«Lo que pasa es que algunos grandes sostenedores en general y algunos pequeñitos retiraban recursos de educación para usarlos en otra cosa, no para pagarse un sueldo, si no para desarrollar otro tipo de actividad; y eso es lo que se está terminando con esta ley», explicó el secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, a La Tercera.
Por otro lado, el cambio del sistema de copago al gratuito ha sido gradual, y actualmente 873 colegios particulares subvencionados han dejado el financiamiento compartido y 70 han dejado de cobrar derechos de escolaridad.
En cuanto al fin a la selección, ya se aplicó el año pasado en la Región de Magallanes y las cifras arrojaron que un 86,8% de los estudiantes quedó en alguno de los colegios que había escogido y el 64,7% lo hizo en su primera preferencia. En tanto en 2017 empieza a regir en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Libertador Bernardo O’ Higgins y Los Lagos.
Todas estas medidas han llevado a los sostenedores de colegios particulares subvencionados a tomar una decisión: permanecer en el sistema, pasar a ser particulares pagados o cerrar. Actualmente un 96,5% ha decidido la primera opción, un 2,5% ha decidido pasar a ser particular pagado y un 1% ha manifestado la intención de cerrar.
La preocupación ha sido instalada por el hecho de que, por más ínfimo que sea el porcentaje establecimientos que han decidido cambiar de sistema o cerrar, sigue involucrando a alrededor de 60 mil estudiantes. Sin embargo, ya ha habido colegios que se han retractado. De los que en un inicio declararon que pasarían al sistema particular pagado, al menos cinco establecimientos ya han planteado revertir esta decisión. Uno es el caso del colegio Blas Pascal de Osorno, que el 29 de junio había comunicado que pasaría al sistema particular, lo que conllevaba doblar el valor de su matrícula. Ante la indignación de los apoderados, finalmente decidieron revertir esta decisión.
Acá te dejamos una infografía explicando las principales cifras que ha dejado la ley:
Infografía por Sebastián Castillo y Michel Contreras.