Este martes –el mismo día en que el TC eliminó la norma que prohibía el lucro en educación superior– se conoció de una investigación que el Mineduc (Ministerio de Educación) desarrolló durante 15 meses al grupo Laureate, que controla en Chile a las universidades Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar, y que detectó el mecanismo a través del que el grupo desvió millones de dólares para aumentar su patrimonio y, de este modo, incurrió en graves infracciones a la ley que prohíbe el lucro en las universidades.
Contratos por supuestos servicios y uso de propiedad intelectual se encuentran entre las maniobras que ocupó el grupo para enriquecer su capital, según dio cuenta un equipo de expertos del Mineduc en extensos informes de más de 100 páginas cada uno, y que consigna una publicación de Ciper Chile.
“Es posible concluir que a través de los contratos celebrados entre la universidad y su controlador Laureate se ha incrementado de forma constante e injustificada el patrimonio de este último, lo cual constituye una infracción grave de los estatutos de la corporación universitaria, toda vez que parte considerable de sus ingresos no son reinvertidos en la propia institución para sus fines de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, sino que tienen como destino el aumento de las ganancias de su controlador Laureate International”, dice uno de los documentos.
La forma en que Laureate asentó el negocio fue a través de pagos de los tres planteles a sociedades que también son subsidiarias del grupo por utilizar licencias de propiedad intelectual. Un ejemplo es el contrato que firmó la UDLA con Laureate Trademark BV en 2011 para utilizar las licencias del grupo y en el que se compromete a pagar US$250 anuales por cada estudiante matriculado en el plantel. De este modo, en 2017 la UDLA debiera haber traspasado a Laureate US$6,1 millones solo por este convenio.
Todos los informes tienen la misma conclusión: las universidades cometen una infracción grave a sus estatutos, lo que es motivo suficiente para que el Mineduc intervenga o cierre los planteles, según la ley del administrador provisional de 2014.
Sin embargo, enterados de esta situación desde comienzos de febrero de 2018 y considerando que los alumnos de dicho consorcio superan los 80.500 estudiantes, en la cartera optaron por un curioso castigo: no se cerraron las investigaciones pero tampoco se levantaron cargos en contra del grupo, y las resoluciones firmadas por la entonces subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, determinaron que los tres planteles debían finiquitar dos de los contratos en un plazo de tres meses.
Eso sí, quien debe velar por el cumplimiento de la orden es la Superintendencia de Educación Superior, pero la ley que crea esa superintendencia aún no ha sido promulgada, por lo que no alcanzará a estar operativa cuando el plazo establecido se cumpla.
Pero además, las notificaciones no alcanzaron a ser enviadas a las universidades, por lo que ahora se está a la espera de saber qué harán las instituciones de Laureate una vez que las reciban, y si Laureate International seguirá sacando ganancias de sus universidades chilenas.