La Ministra de Educación y diversos expertos asistieron ayer a la Comisión de Constitución del Senado para entregar argumentos a favor y en contra del proyecto que reduce de 25 a cinco los días de plazo para expulsar a escolares acusados de delitos. Sin embargo, mientras la ministra Cubillos exige celeridad en la tramitación, los expertos advierten que el proyecto Aula segura sería inconstitucional.
Los doctores en Derecho y profesores en Derecho Constitucional Manuel Antonio Núñez, de la U. Católica, y Jaime Bassa, de la U. de Valparaíso, expusieron en la primera sesión de la comisión, señalando que el proyecto no contempla el debido proceso para los alumnos por lo que sería inconstitucional.
Para Nuñez este proyecto no sería justo, ya que «no cumple con el estándar del debido proceso». Agrega que la propuesta del gobierno no protege a la comunidad y adelanta una sanción «sin proceso previo. Nuñez señala que lo que busca el gobierno se puede lograr solo con la suspensión del alumno. «La suspensión como medida cautelar garantiza la seguridad de la comunidad y el debido proceso del alumno investigado», finalizó.
Bassa agregó que el proyecto Aula Segura derechamente “adolece de una inconstitucionalidad evidente», ya que no existe consideración por el debido proceso. Al solo tomar en cuenta esto al momento que se aplica la sanción, pero no en los momentos precios de la investigación, el proyecto «impide el derecho a defensa, presentar pruebas o conocer una investigación en contra del alumno”, finalizó.
El presidente de la comisión, Francisco Huenchumilla (DC), señaló que la comisión revisará la admisibilidad del proyecto, pero que es labor del Tribunal Constitucional determinar si se ajusta a derecho.